Madrid, 19 dic (EFE).- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha denunciado hoy que el lobo ibérico ha crecido hasta el grado de «superpoblación» en España ya que, desde 2012 a 2023, «hemos pasado de 11.193 ejemplares a 20.300: casi el doble en menos de una década».
Este «aumento descontrolado» de una especie con «gran capacidad reproductiva y sin depredadores naturales» en su hábitat ha multiplicado los «constantes ataques» a la ganadería, por lo que su formación política ha solicitado durante el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la Cámara Alta la revisión de su estrategia de conservación para «adecuarla a los datos de los censos actuales».
Esa nueva estrategia, ha defendido, debe «contar con el consenso de las Comunidades Autónomas» con presencia de este animal, que ya protestaron en 2021 por su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que las privaba de su capacidad para la gestión y conservación.
El lobo ibérico fue declarado como especie no cinegética a iniciativa de la entonces vicepresidenta y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero la posición asumida recientemente por la Unión Europea de reducir la protección es «totalmente contraria a la del Ejecutivo y, en concreto, a la de Ribera», aunque «sí coincide con la de las comunidades loberas» que «cargan con las compensaciones económicas que provocan los lobos», ha señalado García.
El pasado martes 3 de diciembre el comité permanente del Convenio de Berna votaba a favor de la propuesta de la UE de rebajar el régimen jurídico de este animal, que «pasa de ser una especie estrictamente protegida a especie protegida», ha subrayado, por lo que considera necesario trasladar esa reducción de la protección en el caso concreto de España.
Durante su intervención en la Comisión, varios consejeros autonómicos han insistido en trasladar el mismo mensaje que ya habían adelantado en una rueda de prensa previa a la sesión en el Senado, aludiendo a la «situación límite para la población rural y, más en concreto, de los ganaderos» en las CCAA que concentran el 95 % de ejemplares del lobo.
Así, la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, María Ángeles Blázquez, ha destacado que sólo en su región «nos estamos acercando al millar de lobos» y «hemos pasado de tener 68 manadas a un total de 93: en dos décadas el incremento es de un 36,7%».
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, ha añadido que en su comunidad autónoma, «en los últimos 34 años se ha multiplicado por ocho el número de manadas, de 3 a 23, y ha aumentado en un 92% el área de presencia de la especie».
Susinos ha destacado que la decisión de Ribera de incluir el lobo en el LESPRE se amparó en un dictamen científico que «además de no ser vinculante, reconocía que no existen razones, ni técnicas ni científicas» para la catalogación de especie amenazada, y ha lamentado que, aunque esta inclusión «no impide la realización de controles poblacionales», marca unas condiciones «tan estrictas que ‘de facto’ lo bloquean».
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha añadido que en su región «había 300 lobos hace 30 años y ahora hay 2.000: más que en toda Francia», por lo que la situación actual «lo que garantiza es la extinción de la ganadería y del medio rural» .
