Madrid, 30 jun (EFE).- España asumirá este sábado, 1 de julio, su quinta presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea desde que se adhirió al club comunitario, periodo en el que ha desempeñado esa responsabilidad en 1989, 1995, 2002 y 2010.
España había solicitado el ingreso en la UE el 26 de julio de 1977, y ocho años después, el 12 de junio de 1985 y con Felipe González como presidente del Gobierno, se firmó el Tratado de Adhesión que entró en vigor meses más tarde, el 1 de enero de 1986.
Transcurrieron tres años hasta que el país desempeñó por vez primera la responsabilidad de la presidencia, en el primer semestre de 1989.
El turno le correspondió por riguroso orden alfabético, con una Unión Europea formada entonces sólo por doce países y con una Comisión Europea recién estrenada.
HACIA LA UNIÓN ECONÓMICA
Durante ese semestre se lograron avances en las directivas sobre mercado interior y en el objetivo de lograr la Unión Económica y Monetaria.
Fue en una cumbre de líderes celebrada en Madrid donde se inició la primera fase de creación de esa unión, un hito que llevaría, doce años después, al euro.
Asimismo, se puso gran énfasis en la integración económica, que se concretó en la presentación formal de la Carta Social europea aunque no se logró una postura común debido a las objeciones del Reino Unido y Dinamarca. No obstante, el anteproyecto fue ratificado por once países.
Hubo también avances en la Política Agraria Común ya que se completaron las reformas iniciadas por la presidencia griega en materia de aprobación de los precios agrícolas.
Hasta seis años después no llegó la segunda presidencia, que se extendió de julio a diciembre de 1995 y también con González como jefe del Gobierno.
Hacía poco que se habían adherido a la UE Austria, Suecia y Finlandia, y se había puesto en funcionamiento en siete países, entre ellos España, el Espacio Schengen, que supuso la retirada de los controles en las fronteras interiores.
BAUTIZO DEL EURO
En el Consejo Europeo celebrado en Madrid en diciembre se decidió bautizar a la moneda única con el nombre de euro y en Barcelona se celebró la primera Conferencia Euromediterránea.
Especial protagonismo tuvo igualmente la relación de la UE con Estados Unidos, y ambas partes sellaron una nueva Agenda Transatlántica y un Plan de Acción Conjunta firmados el 3 de diciembre por González; el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton; y quien desempeñaba en aquel momento la presidencia de la Comisión Europea, Jacques Santer.
También se firmó un documento provisional con Rusia en el que se instaba a este país a ratificar el Acuerdo de Cooperación y Colaboración con la UE y se iniciaron los contactos con Cuba para un acuerdo de cooperación.
José María Aznar desempeñaba el cargo de presidente de Gobierno cuando España asumió por tercera vez esa responsabilidad europea entre enero y junio de 2002.
El 1 de enero, primer día de esa presidencia, se puso en circulación el euro en doce países, entre ellos España, y durante ese periodo comenzó una fase crucial de negociaciones para la ampliación al Este y la consiguiente reforma de las instituciones comunitarias.
Entre las prioridades destacaron la lucha contra el terrorismo transnacional después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y avances en materia de libertad, seguridad y justicia como la aprobación de la orden europea de detención y entrega, conocida como euroorden.
También se avanzó en el mantenimiento del compromiso con el Pacto de Estabilidad (política de déficit cero).
MANDATO EN MEDIO DE LA CRISIS
Ocho años después, entre enero y junio de 2010 y ya con José Luis Rodríguez Zapatero como inquilino del Palacio de la Moncloa, llegó la cuarta, y última hasta ahora, presidencia europea desempeñada por España.
Un periodo que estuvo marcado por la crisis económica que sufrió Europa y las turbulencias de los mercados financieros y que obligaron a tomar medidas para poner a salvo el euro.
Los responsables de economía y finanzas de la Unión decidieron el 10 de mayo de ese año la creación de un mecanismo, dotado con 750.000 millones de euros, para proteger a la moneda única y salir en rescate, si fuera necesario, de países en grave riesgo económico.
Esta decisión fue aparejada con la exigencia de que algunos socios, entre ellos España, llevaran a cabo fuertes ajustes económicos.
La entrada en vigor en diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la última de las grandes reformas del derecho de la Unión Europea, motivó que a España le correspondiese la aplicación por primera vez de muchas de sus disposiciones.
Entre sus novedades estaba el desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad Común.
