Málaga, 17 jun (EFE).- El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, asegura que el Gobierno español «quedará marcado por la masacre de Melilla», cuando se cumple un año desde la muerte de al menos 23 personas -la entidad eleva la cifra a 37- en un intento de salto de la valla fronteriza con Marruecos.
El 24 de junio del año pasado, casi 2.000 personas, procedentes en su mayoría del África subsahariana, intentaron cruzar hacia España a través del conocido como Barrio Chino de Marruecos saltando la valla que lo separa de Melilla. Más de una veintena de emigrantes murieron y se produjeron cientos de heridos entre migrantes y agentes españoles y marroquíes.
En una entrevista con EFE, Beltrán explica que en el operativo para dispersar a los migrantes se utilizó «material antidisturbios y otras armas, como balas y pelotas de goma», por parte de las autoridades marroquíes y españolas, que, en su opinión, llevaron a cabo «una operación conjunta que causó graves violaciones de derechos humanos».
LA PEOR TRAGEDIA EN 25 AÑOS
«Lo que ocurrió fue la mayor masacre en la frontera en los últimos 25 años», subraya Beltrán, que afirma que, según la investigación de Amnistía Internacional, los afectados «ni siquiera recibieron asistencia médica durante las primeras horas del acoso y se impidió el acceso a las ambulancias de la Cruz Roja».
El responsable de esta ONG en España cifra en 470 las personas que «fueron retornadas a Marruecos de forma ilegal por las autoridades españolas en devoluciones sumarias» y cerca de mil «los refugiados llevados en autobuses de nuevo al desierto».
«Murió gente en suelo español», sostiene Beltrán, que defiende que «cuestionarlo es sólo un tecnicismo y un debate estéril»: «¿Cómo si no la Guardia Civil habría agarrado y pasado gente a territorio marroquí?», se pregunta.
IMPUNIDAD EN LA FRONTERA
Para Beltrán, Melilla es una «frontera llena de impunidad», puesto que «ni una sola persona ha sido condenada por lo ocurrido, ni siquiera se ha iniciado un procedimiento judicial», algo que «alimenta que estos casos continúen ocurriendo» y que «persistirá hasta que exista una investigación exhaustiva, independiente e imparcial».
«Los gobiernos de España y Marruecos cometen juntos violaciones de derechos humanos sobre los inmigrantes en la frontera», reafirma con contundencia Beltrán, que añade: «Cuando ambos gobiernos culpan a los sudaneses refugiados del salto muestran su conexión impune».
Para acabar con situaciones como esta, Beltrán ve «fundamental» que las autoridades permitan que la gente «se acerque a los puestos habilitados para pedir asilo en la frontera», para que Ceuta y Melilla dejen de ser «un limbo sin derechos» y enclaves «excepcionales» en el amparo de refugiados.
«Con Ucrania no ha pasado lo mismo. Se han acogido a cinco millones y medio de ucranianos ante la agresión rusa, pero recibimos a palos a los refugiados subsaharianos, que son negros», afirma Beltrán, que cree que «los gobiernos europeos en relación al refugio tienen un componente racista porque no utilizan el mismo rasero para todos».
DISCRIMINACIÓN EN LA ACOGIDA
Según el director de Amnistía Internacional España, «se ha construido una verdad por parte de los Estados de que los ucranianos necesitan ser acogidos porque proceden de una agresión», algo que «no sucede con el resto» de solicitantes de asilo.
Para Beltrán, esta última legislatura en España «ha tenido sus luces y sombras» en materia de migración, aunque valora algunos «avances», como el mayor registro de ataques racistas o el permiso de trabajo a inmigrantes menores de 18 años.
Aun así, desde Amnistía sostienen que para conseguir que realmente se combata la «lacra» que supone el racismo se deben combinar tres elementos: que los gobiernos tengan «voluntad política de combatirlo» y desarrollen legislación «contundente», que se divulgue «información actualizada» y que no quede nadie «impune».
María Pérez
