En el transcurso de 2023, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha establecido 50 acuerdos de colaboración con ayuntamientos y organizaciones sin fines de lucro
Estos convenios posibilitan que los menores infractores, sujetos a medidas no privativas de libertad, lleven a cabo prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeductativas en servicios municipales y ONG locales. De este modo, se evita la necesidad de que los jóvenes se desplacen para cumplir con las medidas impuestas por los jueces, promoviendo la colaboración con servicios de su entorno inmediato.
Entre las novedades, cabe destacar la firma de estos acuerdos con los ayuntamientos de Almería y Jaén, siendo este último el primero en la colaboración de la Diputación de Jaén con la Consejería de Justicia para la ejecución de medidas de medio abierto a menores infractores.
Adicionalmente, durante 2023 se concretaron convenios con entidades cordobesas como Córdoba Acoge y Promi, así como con la asociación En Familia de Granada. Estos acuerdos permiten que los jóvenes cumplan sus medidas judiciales colaborando como voluntarios en actividades sociales, contribuyendo significativamente a su educación en valores y al proceso de reorientación y reinserción social.
Como parte de la continuidad de estas iniciativas, se renovaron seis convenios con el consistorio sevillano de Bormujos y los ayuntamientos cordobeses de Espiel, Adamuz, Dos Torres, La Rambla y Fuente La Lancha. En la actualidad, la Consejería mantiene 245 acuerdos activos, involucrando a 231 ayuntamientos, 13 entidades sociales y una Diputación.
La Consejería de Justicia, en ejercicio de sus competencias, busca garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, ya sea de internamiento o de medio abierto. Con el objetivo de asegurar la efectividad de estas medidas, la colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, mediante convenios, juega un papel crucial.
Dentro de las medidas de medio abierto, se incluyen la libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas. Estas acciones se llevan a cabo en colaboración con ayuntamientos y entidades sociales, donde los menores contribuyen a la sociedad sin recibir remuneración ni ocupar puestos de trabajo.
Durante el primer semestre de 2023, un total de 3.377 menores (2.775 chicos y 601 chicas) cumplieron 4.716 medidas, destacando la libertad vigilada como la medida más común (52%), seguida de tareas socioeducativas (13%) y tratamientos de salud mental o por adicciones. Las prestaciones en beneficio de la comunidad representaron el 4% de las medidas de medio abierto ejecutadas entre enero y junio.
