La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas destinada a financiar los gastos de asesoramiento jurídico de propietarios cuyos inmuebles han sido ocupados ilegalmente. La iniciativa cuenta con un importe global de 250.000 euros y se enmarca en el refuerzo de la protección a los propietarios frente a la ocupación ilegal.
Las ayudas contempladas en la convocatoria alcanzan hasta 500 euros por la prestación de servicios legales y 1.500 euros para la reparación de posibles daños en los inmuebles ocupados, según ha comunicado la Generalitat.
Compromiso contra la ocupación ilegal
Susana Camarero ha subrayado «la firmeza del Consell frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, proporcionando seguridad jurídica y garantizando el derecho a la propiedad sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda».
Con esta medida, la Generalitat Valenciana busca equilibrar la protección de los derechos de propiedad con el mantenimiento de políticas de acceso a la vivienda, ofreciendo apoyo económico directo a los propietarios que se enfrentan a procesos de desocupación y reparación de daños en sus viviendas.
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