Ruiz insiste en que el nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión situará a los menores y a sus familias en el centro de las actuaciones, con itinerarios de inserción socioeducativa
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha detallado durante su intervención en el Pleno del Parlamento que su Consejería ha destinado en lo que va de año (entre enero y abril de 2021) un total de 33,5 millones de euros para el pago de las nóminas de la Renta Mínima.
Ruiz ha destacado el trabajo realizado por Igualdad durante el año pasado para introducir modificaciones en la norma de la Renta Mínima andaluza en un escenario de coyuntura socioeconómica y laboral marcado por la crisis del covid-19 y con elevados niveles de demanda en los servicios sociales comunitarios, lo que ha hecho posible agilizar la gestión de este ingreso. Así, ha recordado que «en 2020, esta prestación ha alcanzado su nivel máximo de ejecución presupuestaria desde su puesta en marcha, llegando a los 135,7 millones de euros y beneficiando a más de 79.000 personas. Unos números que contrastan con los de 2018 de la anterior administración, cuando se ejecutaron 35,1 millones y el número de personas beneficiarias fue de 9.734″.
Rocío Ruiz ha puesto de manifiesto que la Consejería de Igualdad no ha dejado de tramitar esta prestación con la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) puesto en marcha por el Gobierno central, aunque ha recordado que ambas prestaciones son incompatibles y que su departamento está ya ultimando una nueva prestación que sustituirá a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y tendrá como objetivo complementar el IMV del Estado. «Esta nueva ayuda estará destinada a personas vulnerables que se hayan quedado fuera de la prestación estatal para favorecer al máximo a las familias con menores de edad a su cargo, sobre todo, a las familias monoparentales», ha señalado.
«Frente a posicionamientos meramente subvencionistas, centrados en ayudas económicas sin más aspiraciones, creemos que hay que poner al alcance de todos alternativas educativas y laborales que rompan estas dinámicas perversas y desincentivadoras. Por ello, la nueva prestación en la que trabajamos, el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPI), pone en el centro las actuaciones a los menores y sus familias, planteando itinerarios de inserción socio-educativos y medidas transversales que favorecen a la incorporación del mercado laboral de los miembros de las unidades familiares que se consideren», ha apuntado Rocío Ruiz.
