Madrid, 20 oct (EFECOM).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparecerá este miércoles en el Congreso, en medio de una ola de protestas en la calle por la carestía del alquiler, y con su socio de gobierno y sus aliados parlamentarios de la izquierda elevando la presión para intervenir los precios y suspender la venta de casas a fondos de inversión.

El pasado fin de semana, más de 20.000 personas se manifestaron en Madrid y este sábado lo han hecho unas 15.000 en Valencia, por el derecho a la vivienda y contra la turistificación de los barrios.

La ministra se enfrenta a una comparecencia en la que previsiblemente recibirá críticas tanto de sus socios, que la acusan de «inacción», como de la oposición, que atribuye la escalada de precios del alquiler a la política intervencionista de los últimos años.

Los primeros se quejan de que las comunidades gobernadas por el PSOE todavía no han aplicado las medidas de control de rentas previstas en la ley de vivienda y de que la ministra no «obligue» a hacerlo a las gobernadas por el PP.

Los 'populares', que presiden once de las diecisiete comunidades españolas, se niegan a activar la declaración de zonas tensionadas en sus territorios, condición imprescindible para la limitación de precios.

Esta declaración, que tiene una validez de tres años, supone bajadas en las rentas en función de un índice de referencia, junto con bonificaciones fiscales de hasta el 90 % en el IRPF para los arrendatarios que las apliquen.

El PP sostiene, al igual que la práctica totalidad del sector inmobiliario, que el temor a esta política intervencionista y a la de protección frente a los desahucios ha llevado a muchos arrendadores a sacar en el último año sus inmuebles de este mercado, una gran parte para llevarlos al alquiler turístico, lo que ha reducido la oferta de alquiler permanente y ha elevado todavía más los precios.

Un «parteaguas»

Sumar y Podemos también reclaman a la ministra otras medidas «valientes», como suspender temporalmente la venta de vivienda a fondos de inversión y condicionar el reparto de fondos a las comunidades a que estas apliquen la ley de vivienda.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ya advirtió hace días a Isabel Rodríguez de que su comparecencia es un «parteaguas», que llega «con la paciencia de la sociedad española absolutamente agotada» y con una «ola creciente de movilizaciones populares sin precedentes por el derecho a la vivienda» en marcha.

Rodríguez, que respondió la semana pasada a la multitudinaria protesta de Madrid reeditando el Bono Alquiler Joven -una ayuda de 250 euros al mes para inquilinos jóvenes-, recibió por ello la reprobación de los partidos a la izquierda del PSOE e incluso los ministros de Sumar presentaron objeciones dentro del Gobierno para hacer patente que la brecha en política de vivienda se agranda cada vez más con los socialistas.

ERC espera «poca cosa»

Su comparecencia, solicitada por ERC, EH Bildu y el BNG a raíz de unas declaraciones en las que apeló a la «solidaridad» de los caseros para contener los alquileres, les servirá para centrar en ella el foco del malestar social y situarla del lado de los «especuladores».

«La ministra se equivocó muy mucho cuando le pidió fe y solidaridad a los caseros», insistía esta semana el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras asegurar que espera «poca cosa» de la intervención de Rodríguez ante la cámara y que «lo que hay que hacer es intervenir el mercado de la vivienda, topar los precios y, sobre todo, no empezar a regalar bonos».

Entretanto el PNV, que votó en contra hace año y medio de la ley de vivienda, ha empezado a declarar zonas tensionadas desde el gobierno en Euskadi, mientras que su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, planteaba esta semana al presidente Pedro Sánchez la necesidad de «retocar» la ley, entre otras cosas, «para dar más seguridad jurídica a los propietarios».

Una oportunidad

Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que la comparecencia de Isabel Rodríguez es «sobre todo una oportunidad para explicar todas las políticas» que está desarrollando.

Entre ellas, impulsar la construcción de 184.000 viviendas públicas asequibles, preparar un sistema de registro para luchar contra el fraude en los contratos de alquiler de corta duración, tanto turísticos, como de temporada y habitaciones, avalar a los jóvenes en la compra de la primera vivienda y ayudarles a independizarse con el Bono Alquiler Joven.

Previsiblemente recordará también que la complejidad del reparto competencial en materia de vivienda exige a todas las administraciones trabajar unidas y defenderá que en Cataluña, la única comunidad que está topando los precios, ya se empiezan a ver resultados, con una caída media del 5 % en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior.

Los modelos del PP y Vox

Durante el debate el PP contrapondrá al modelo de la izquierda su propia política de vivienda, basada en incentivos fiscales para los propietarios y avales y seguros que les garanticen el cobro de las rentas, así como la liberalización de suelo para construcción de obra nueva, con una mayor agilidad de trámites y licencias.

Por su parte, Vox incidirá, entre otros planteamientos, en la necesidad de «priorizar al comprador español frente al extranjero».