Madrid, 14 sep (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido a la Fiscalía de Menores un informe sobre el protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias respecto a los menores migrantes, al considerar que puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia.
Dicho protocolo, publicado este jueves por el Ejecutivo canario en su boletín oficial, señala que la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado y advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.
Tras publicarse ese protocolo, la Fiscalía de Canarias emitió un decreto en el que daba instrucciones para identificar a aquellas «personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias» que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco, e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.
Este sábado, el Ministerio que dirige Sira Rego explica que la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es exclusiva de la comunidad, independientemente de la situación en la que se encuentren.
El informe remitido a la Fiscalía de Menores señala que el protocolo vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española que establece que «los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos», han indicado a EFE fuentes del Ministerio.
Además, no atiende al interés superior del menor, reconocido en la Carta de Derechos del Niño y la legislación vinculada a los derechos de la infancia, y supone una violación de los derechos de los menores al estar limitando su protección en el territorio autonómico.
Igualmente, vulnera esos derechos al no tener una actuación proactiva para garantizar el bienestar del menor y es contrario al Estatuto de Autonomía en la medida en que la comunidad no ejerce su competencia exclusiva en materia de protección de menores, señalan las fuentes.
«Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo», según el Ministerio de Juventud e Infancia, que traslada su compromiso con los derechos de la infancia, la colaboración institucional y la solidaridad territorial.
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha negado este sábado que los menores migrantes no acompañados estén o estarán en situación de abandono, y ha garantizado que el Ejecutivo regional acatará las instrucciones de la Fiscalía.
Domínguez ha enfatizado que lo que pretende el Ejecutivo canario con el nuevo protocolo es «que se cumpla la ley», esto es, «que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora» y que los menores migrantes sean entregados por la Policía, no a las ONG, sino a un funcionario de la comunidad autónoma y «de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación, y que sepamos exactamente adónde va a ir ese menor».
Sobre esto último, el vicepresidente canario ha apuntado: «La Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados y nosotros estamos a la entera disposición de seguir cuidando a estos niños, no sé si como se merecen, pero lo que no haremos nunca es abandonarlos».
«¿Adónde los enviamos? ¿A centros que están saturados? Si la Fiscalía nos dice que tenemos que enviarlos ahí, nunca vamos a dudar en hacerlo. Porque más centros de acogida no tenemos», ha reflexionado Manuel Domínguez.
«¿Están mejor cuidados donde están en la actualidad o en los centros a los que se desvían? Ahí es donde tendremos que ponernos de acuerdo para, entonces, prestar el servicio, la tutela, el cuidado, el mimo, que necesitan esos niños y niñas que vienen a nuestra tierra», ha añadido.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si su política migratoria es la de Grecia, un modelo que ha calificado de «inhumano e insolidario», y si es la que aplicaría en caso de gobernar en España.
