Bruselas, 2 oct (EFE).- Organizaciones ecologistas y eurodiputados verdes, socialdemócratas y liberales han criticado hoy con dureza la prórroga de un año propuesta por la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen para retrasar la aplicación de su ley para combatir la deforestación importada en la UE.
Uno de los primeros en reaccionar contra el súbito cambio de postura del Ejecutivo ha sido el excomisario europeo de Medioambiente, el ahora eurodiputado ecologista lituano Virginijus Sinkevicius, bajo cuyo mandato se redactó, negoció y aprobó la legislación en 2023.
«Retrasar la regulación sobre Deforestación es un paso atrás en la lucha contra el cambio climático (…). Pone en riesgo 80.000 acres de bosque diariamente, alimenta el 15 % de las emisiones globales de carbono, rompe la confianza con nuestros socios globales y daña nuestra credibilidad en los compromisos climáticos», escribió en la red social X.
El reglamento busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
En la versión adoptada, y aprobada por holgada mayoría en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE en 2023, a partir del 30 de diciembre de 2024 las empresas que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
Sin embargo, el Ejecutivo propone ahora otorgar «12 meses adicionales de período de adaptación, respondiendo a las solicitudes de socios globales», tras intensas presiones de algunas industrias, partidos políticos y países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.
También las organizaciones ecologistas han cargado contra la prórroga, que aún tendrán que aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
«Genera serias dudas sobre el compromiso de la presidenta de la Comisión con el cumplimiento de las promesas ambientales de la UE», trasladó a EFE la responsable de políticas forestales de WWF Anke Schulmeister-Oldenhove.
Greenpeace, por su parte, señaló en un comunicado que «Von der Leyen bien podría haber empuñado la motosierra ella misma».
«Ha condenado los bosques del mundo a otro año de destrucción como resultado del consumo europeo», dijo Greenpeace, que criticó la lentitud de la Comisión en publicar las directrices y documentos técnicos y que finalmente «ha cedido oficialmente a la presión de empresas y gobiernos que son hostiles a la ley».
Las críticas también han aflorado entre socialistas y liberales en el Parlamento Europeo.
Desde la bancada socialdemócrata, el alemán Bernd Lange calificó de «desgraciada» la decisión y aseguró que el retraso podía haberse evitado si a nivel político la Comisión «hubiera decidido publicar los documentos de apoyo hace meses» en lugar de prolongar «una incertidumbre innecesaria para todos los involucrados».
«El Ejecutivo necesita implementar lo que han decidido los colegisladores», agregó.
Por su parte, el eurodiputado liberal francés Pascal Canfin, presidente de la comisión de Medioambiente de la Eurocámara la pasada legislatura, cuando se aprobó el texto, trasladó a EFE que lamenta la decisión en «un contexto donde los bosques tropicales siguen siendo destruidos a un ritmo insostenible».
El PPE de Von der Leyen sí ha defendido el cambio de posición el Partido Popular Europeo (PPE), quien a través del eurodiputado alemán Peter Liese aseguró que la entrada en vigor en plazo de la norma «habría causado un caos» y consideró que la prórroga supone «una oportunidad para un diálogo sensato y evitar burocracia innecesaria mediante aclaraciones».
El negociador jefe del reglamento por parte de la Eurocámara, no obstante, fue el cristianodemócrata luxemburgués Christophe Hansen, designado para convertirse en el próximo comisario de Agricultura, y en abril de 2023 el PPE apoyó mayoritariamente el texto en el pleno del Parlamento (126 votos a favor, 11 en contra y 22 abstenciones).
«Muchas de las condiciones para su aplicación no están claras y muchos terceros países se están quejando con razón. Los pequeños agricultores, por ejemplo, en América Latina, necesitan mucho más apoyo y debemos asegurar una implementación sin burocracia», agregó.
