La Comunidad activa un protocolo para la detección temprana de casos de maltrato infantil

Varios niños se refrescan en una fuente madrileña. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 5 mar (EFE).- La Comunidad de Madrid ha activado en los centros públicos de salud un nuevo protocolo para reforzar la protección de los menores en casos de sospecha de violencia física, emocional, sexual o a través de las redes sociales; negligencia en los cuidados; abuso de nuevas tecnologías; sumisión química; mutilación genital femenina; trata y explotación sexual, o pertenencia a bandas delictivas.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la detección temprana de presuntos casos de maltrato infantil, en todas sus manifestaciones, así como agilizar la comunicación y lograr una mayor coordinación entre las administraciones implicadas en este ámbito, ha indicado en una nota de prensa el Gobierno regional.

El procedimiento ha sido elaborado por un grupo de profesionales de distintas categorías de Atención Primaria y Hospitalaria, partiendo de las necesidades que se plantean en las consultas.

Incluye un documento, para toda la red del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña, con indicadores actualizados que permiten notificar oficialmente la sospecha de que un paciente pediátrico sufre alguna de las siguientes situaciones: violencia física, emocional, sexual o a través de las redes sociales; negligencia en los cuidados; abuso de nuevas tecnologías; sumisión química; mutilación genital femenina; trata y explotación sexual, o pertenencia a bandas delictivas.

En edades tempranas, estas realidades pueden afectar al rendimiento escolar de los niños, generarles trastornos del comportamiento, adicciones o problemas de salud mental y también pueden condicionar su etapa adulta, tanto en el ámbito personal como laboral, siendo incluso susceptibles de repercutir en la carga genética que se transmite a futuras generaciones, ha expuesto la Comunidad de Madrid.

En cambio, las experiencias positivas en la infancia, como sentir el interés de los profesionales de la salud por su estado, pueden compensar estas dificultades.

La redacción de estos partes de notificación, que es «una obligación ética y legal», puede ser cumplimentada por cualquier categoría sociosanitaria de los centros de salud: médicos de familia, pediatras, profesionales de Enfermería, odontólogos, higienistas dentales, matronas, fisioterapeutas, psicologías y trabajadores sociales.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la jefa del Servicio de Trabajo Social de Atención Primaria, Ana Toledano, ha explicado que esta herramienta va a facilitar a los profesionales de los centros de salud una serie de indicadores, que van desde los casos leves a los graves, que pueden favorecer la detección, y también va a ayudar a las familias en la protección de los menores.

«Toda esta actuación va a pivotar sobre los trabajadores sociales de los centros de salud, que son el nexo de unión entre el sistema público sanitario y social», ha señalado Toledano.

Atención Primaria es un nivel sanitario «clave» en la detección de estos fenómenos gracias a la cercanía con su población y la facilidad de acceso a sus consultas.