La Comunidad de Madrid pide al Gobierno central la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para habilitar la posibilidad de celebrar juntas de propietarios de manera telemática. Además, de establecer que el voto de sus componentes sea válido para dirimir todo tipo de acuerdos y actuaciones que quedaron pendientes de resolver desde el año pasado debido al Estado de alarma.
Desde marzo del año 2020 no se han podido llevar a cabo juntas de propietarios para evitar que este tipo de reuniones se conviertan en focos de trasmisión del virus. Es decir, las más de 200.000 comunidades de propietarios que existen en Madrid y que, mensualmente, celebran más de 11.000 juntas de propietarios, no han tenido lugar desde el comienzo de la pandemia.
La situación ha provocado que se haya retrasado la toma de decisiones importantes. Algunas de las cuales se hacen cada día más urgentes de resolver, como la realización de obras importantes de rehabilitación, la mejora de los edificios y los acuerdos de índole económica.
Pérdidas económicas
El retraso de los acuerdos pueden suponer la pérdida de apoyos económicos a las comunidades de vecinos. Esta demora supone en muchas ocasiones no poder acceder a ayudas de carácter municipal, regional, estatal e incluso europeas. Subvenciones destinadas a las mejoras de la accesibilidad, o de eficiencia energética, o las incluidas en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR).
Las comunidades de propietarios, según alertan las patronales del sector de las construcciones, pueden perder hasta 34.490 millones de euros en ayudas europeas debido a este retraso. Cantidad que representan el 4% del PIB nacional, alrededor de 40.000 millones euros.
