![Justicia](https://vivirediciones.es/wp-content/uploads/2024/04/shutterstock_140867215-e1712571943518-678x381.jpg)
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, presentó en un encuentro informativo las ambiciosas características del próximo proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas
Con una extensión de 470.000 metros cuadrados, esta infraestructura se posiciona como la más grande, accesible y sostenible del mundo, superando a reconocidos complejos judiciales en ciudades emblemáticas como París, Nueva York y Kuala Lumpur. Detalles clave revelaron que el complejo contará con tecnología de vanguardia, siendo completamente digitalizado y con un consumo energético casi nulo, situándose 10 puntos por debajo del objetivo establecido por la normativa NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Asimismo, se resaltó su accesibilidad universal, siendo completamente adaptado para personas con discapacidad.
En cuanto a la atención a los ciudadanos, García Martín anunció el lanzamiento de un nuevo Plan de Humanización de la Justicia, que incluirá la figura del facilitador judicial para personas con discapacidad, con el fin de garantizar condiciones de igualdad en las relaciones con la Administración.
Además, se adelantó la firma de un acuerdo de legislatura con los colegios de abogados y procuradores para seguir garantizando la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, con una mayor financiación y mejora de los baremos actuales. El consejero también aprovechó para criticar las políticas fiscales del Gobierno central, destacando la reducción de impuestos realizada en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años, en contraposición a las subidas de impuestos a nivel nacional. García Martín defendió la independencia judicial y lamentó lo que describió como una «anomalía democrática» en España.
Finalmente, se anunciaron medidas destinadas a dinamizar la actividad de los municipios más pequeños de la región, como la ampliación de servicios públicos y la creación de nuevas líneas de ayudas para el comercio local y la hostelería en localidades con menos de 1.000 habitantes. Estos esfuerzos se enmarcan en el objetivo de garantizar infraestructuras de calidad y servicios públicos óptimos para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.