El Partido Popular ha instado al Ministerio de Transportes a acelerar la licitación del proyecto

La Diputación de Cádiz, a través del grupo popular, ha solicitado al Ministerio de Transportes la inclusión de la provincia en el plan para construir un tercer carril en la autopista AP4. En la próxima sesión plenaria, el grupo popular presentará una moción pidiendo el respaldo de todos los grupos políticos provinciales.

Juan José Ortiz, portavoz del Partido Popular, ha resaltado el aumento significativo del tráfico en la autopista que une Cádiz y Sevilla desde la eliminación del peaje en 2020. Ortiz critica la propuesta del Gobierno de ampliar solo 40 de los más de 90 kilómetros de la AP4 y aboga por una intervención integral desde el origen hasta el destino para una solución definitiva al problema.

“La planificación y desarrollo de una obra de esta magnitud deben realizarse con antelación, y retrasar la licitación del proyecto del tercer carril solo para la provincia de Cádiz podría posponer su servicio por al menos 20 años”, advierte Ortiz.

Por ello, solicita que la Diputación inste al Gobierno a incluir de manera prioritaria a la provincia de Cádiz en las actuaciones previstas para la AP4 y que se licite urgentemente el proyecto del tercer carril entre Las Cabezas y Jerez, al igual que se ha hecho entre Sevilla y Las Cabezas.

Ortiz confía en la unanimidad de los grupos políticos provinciales para defender una demanda social apoyada por las organizaciones empresariales de Cádiz y Sevilla, así como por las Confederaciones de Empresarios y las Cámaras de Comercio de ambas provincias. Según Ortiz, mejorar las infraestructuras de transporte entre Cádiz y Sevilla es crucial para garantizar el crecimiento económico y la competitividad de la región.

El Partido Popular también presentará una moción sobre el sistema de financiación autonómica, buscando un reparto equitativo y justo. Ortiz critica la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de España, que considera deslegitima el Estado de Derecho al exculpar delitos vinculados a la declaración de independencia de Cataluña, blanquear la sedición y reducir las penas por malversar fondos públicos. Además, alerta sobre una posible financiación privilegiada para Cataluña, argumentando que todas las comunidades autónomas deben ser tratadas por igual para evitar crear «ciudadanos de primera y segunda clase.»