Sevilla, 25 abr (EFE).- El Gobierno central y la Junta de Andalucía han acentuado este martes sus diferencias por la tramitación de la proposición de ley sobre la ordenación de los regadíos en la corona norte de Doñana, un asunto al que la administración andaluza «ni puede ni quiere» renunciar, pese a las advertencias del Ejecutivo de la nación.
El Gobierno andaluz ha advertido de que «ni quiere, ni puede renunciar» a solucionar el problema de la regulación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, y ha señalado que ahora es el momento de conocer «qué alternativas tienen» quienes «han insultado» a la Junta la última semana, en alusión al Gobierno central.
Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha instado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a no «tontear» con este asunto porque el aviso desde Europa es «muy serio» y «nos puede costar mucho dinero a los españoles», ya que si Europa condena a España «con multas coercitivas, estas se mantendrán hasta que se deje de aplicar la ley».
Este enfrentamiento entre ambas administraciones se produce un día después de que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se reuniera en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, tras la cual la Comisión cargó contra la iniciativa al considerar que va «en sentido contrario» a la obligación de proteger el Parque Natural y «podría degradar el humedal».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández Pacheco ha invitado al Gobierno central a poner «día, sitio y hora» para celebrar una reunión entre ambas administraciones, y tras advertir de que no hablar es «hacer un flaco favor» a los afectados, ha añadido que si con la presentación de la proposición de ley la Junta logra que el Gobierno central comience a hacer las obras comprometidas «ya hemos conseguido algo».
«¿A qué viene esta provocación?», se ha preguntado con preocupación la ministra, para quien es mucho «más honesto», en alusión a la Junta de Andalucía, encontrar las mejores respuestas y no dejarse arrastrar por «negacionistas o populistas con una alta dosis de demagogia y siempre coincidiendo con citas electorales».
Ribera ha expuesto el informe de situación de Doñana para destacar algunos datos, como el de las grandes lagunas desaparecidas -tres permanentes-, mientras que la media de descenso del acuífero en el nivel freático es de dos metros.
Sin embargo, el consejero ha reiterado que el Gobierno andaluz «ha tenido siempre claro» que el problema de la corona norte de Doñana requiere de soluciones y «no mirar para otro lado» porque las familias de Huelva «se lo merecen».
Ha preguntado al Gobierno central «por qué no quiere hablar» con la Junta de Andalucía, y por qué hay esa «hostilidad» con Andalucía mientras actúa con «docilidad» con otras comunidades que «plantean retos» al Estado.
A este debate se ha unido también la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido al PP que abandone la rebeldía legal y las diferencias ideológicas y que defienda Doñana porque lo contrario supone «dañar la democracia».
«Estamos asistiendo a la evidencia de la emergencia climática y ambiental y estamos teniendo unas derechas en nuestro país que se sitúan enfrente de la evidencia que hoy tenemos», como son la ola de calor o la sequía.
También se ha pronunciado el portavoz de Más País Verdes Equo en el Congreso, Íñigo Errejón, quien ha pedido este martes al Gobierno que actúe de forma rápida ante el riesgo de que Doñana se seque si Andalucía amplía los regadíos y le ha instado a que «si es necesario» intervenga y controle directamente el Parque Nacional.
«Nos preocupa que los tiempos del Tribunal Constitucional sean más lentos que el ritmo al que se seca Doñana», ha señalado Errejón en una rueda de prensa en el Congreso, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica anunciara que recurrirá al Constitucional si la Junta andaluza no rectifica.
A favor del diálogo entre ambas administraciones se ha mostrado, por su parte, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien ha reclamado este martes un «entendimiento entre los dos gobiernos, nacional y autonómico», porque «si no Doñana no se salvará» y «puede ser una catástrofe», así como ha propuesto como solución que se permuten terrenos de cultivo fuera del preparque.
El exdirigente del PSOE ha señalado que el efecto de la sequía en Doñana «se está utilizando como un disparadero electoral», lo que le parece «un error», así como ha descrito que al ser un parque nacional la titularidad es estatal pero la gestión es autonómica, lo que contribuye a que se culpen unos a otros, por lo que pide a ambos gobiernos «un esfuerzo muy grande».
