Amaya Quincoces Riesco
Madrid, 22 feb (EFE).- Tras su paso por el Congreso, el proyecto de ley de bienestar animal arranca ya su próxima andadura en el Senado, donde mañana concluirá el plazo de presentación de enmiendas parciales y vetos de los grupos para la devolución de una norma cuya fecha limite de tramitación se ha fijado para el 9 de marzo.
En estos momentos los grupos ultiman la redacción de sus enmiendas totales y parciales al articulado de los textos de unos proyectos de ley sobre bienestar animal y de reforma del Código penal sobre maltrato animal, que se tramitan de forma urgente y en paralelo.
La nueva normativa entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según el texto, aunque se recogen moratorias para facilitar la adaptación a las nuevas normas, por ejemplo para tiendas de mascotas.
Se regularán los animales domésticos y los silvestres en cautividad, con el establecimiento de un listado de especies que estarán permitidas en los hogares.
Entre sus objetivos está erradicar el abandono y los malos tratos, con un endurecimiento de las penas y garantizar el bienestar animal, una cuestión de mucho peso en este país en donde casi la mitad de los hogares vive con mascotas, según datos de la Fundación Affinity.
En su tramitación previa en el Congreso, Unidas Podemos ha venido destacando las bondades de los proyectos de ley en tramitación, que darán lugar a una regulación «pionera» en este país, como han reiterado desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, de Podemos, impulsora de esta nueva regulación.
Grupos como PP y Vox han sido hasta ahora muy críticos con estos proyectos de ley de bienestar animal y de reforma del Código Penal sobre maltrato animal, contra los que previamente en el Congreso presentaron enmiendas a la totalidad para su devolución, al igual que el PNV, aunque en el caso de este grupo por tema competencial preferentemente.
El tratamiento legal de los perros de caza es una de las cuestiones que más ha enfrentado hasta el momento a los socios de Gobierno y que podría verse diluida ahora al menos a nivel parlamentario, dado que la formación morada carece de representación en el Senado.
No se descarta sin embargo que los grupos a la izquierda del PSOE sigan presionando; de hecho, el diputado de ERC Gabriel Rufián ya avanzó en el Congreso que su formación intentaría enmendar la iniciativa en el Senado porque, si dio su apoyo entonces, fue solo -dijo- para que no decayera y se evitara empezar a legislar de nuevo.
La enmienda para excluir a los perros de caza fue presentada por el grupo socialista al texto original poco después de salir del Consejo de Ministros, con el argumento de que recogía las demandas del sector rural y del campo, y finalmente ha sido aprobada e incorporada al texto con el apoyo de grupos como PP y Vox.
Dicha enmienda sin embargo ha sido insistentemente criticada por Unidas Podemos y otras formaciones de apoyo a la investidura del Gobierno de coalición, pese a que finalmente respaldaron con sus votos el conjunto de la norma para que saliera adelante en el pleno del Congreso.
En su próxima fase parlamentaria, buena parte de los debates en el Senado se centrarán previsiblemente en dilucidar sobre una nueva cuestión, los perros potencialmente peligrosos (PPP), con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana con una más acertada identificación de la verdadera naturaleza o comportamiento de esos animales «de especial manejo».
Al contrario de lo que se perseguía inicialmente en el proyecto de ley original, estos perros seguirán siendo clasificados por el momento como hasta ahora, es decir, por su raza, en lugar de por sus conductas individualizadas, y permanecerán acogidos a una ley vigente desde hace casi 25 años.
En el nuevo trámite, sin embargo, los grupos progresistas intentarán resolver «aspectos técnicos» para que el proyecto de ley recupere en el Senado la esencia del texto original salido del Consejo de Ministros, según fuentes parlamentarias.
Para garantizar la seguridad, la nueva regulación recoge medidas como la que exige a las personas titulares junto con sus perros realizar un “test” o prueba que, según el grupo socialista estará en manos de veterinarios expertos, para valorar la verdadera naturaleza del animal y garantizar la seguridad.
