San Sebastián, 18 may (EFE).- Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) ha remitido una carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en la que denuncia «la violación constante de los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados» por parte de la Unión Europea y, «en particular», de los gobiernos de Grecia, Italia y Malta.
Esta ONG, que con el buque Aita Mari realiza operaciones de rescate en el Mediterráneo Central, ha enviado esta misiva con el fin de que el secretario general de la ONU la incluya en su informe anual.
SMH explica en una nota que, en el marco del proyecto en el Hotspot Vial, en Chios (Grecia), se han constatado que los migrantes «carecen de acceso regular a servicios médicos, a menos que sean brindados por organizaciones no gubernamentales» como la suya, pues el gobierno griego «solo proporciona asistencia limitada a través del personal de enfermería y la única ambulancia disponible en la isla no responde a las llamadas de emergencia del centro».
Entre otras situaciones, asegura que las mujeres y las madres con bebés «tampoco reciben la atención médica adecuada, y en ocasiones, se les niega el acceso a los servicios disponibles en el hospital o se les cancelan las citas programadas».
Además, desde febrero de este año, SMH «ha sido obligada a suspender sus actividades en el Hotspot Vial debido a una orden emitida por el Ministerio de Migraciones».
SMH añade que «ha sido testigo de cómo, por temor a ser interceptadas, las personas migrantes y refugiadas, una vez que llegan a una playa, se ocultan entre los matorrales y permanecen días a la intemperie, y llegan incluso a fallecer bajo estas condiciones».
Denuncian asimismo otros casos presenciados por la tripulación del Aita Mari, que han visto «cómo los llamados guardacostas libios interceptaron una embarcación y abandonaron el lugar dejando a cinco personas en el agua», que fueron posteriormente rescatadas por el barco de SMH.
«A lo largo de las dos misiones de rescate realizadas en 2022, a pesar de los numerosos llamados de coordinación a las autoridades maltesas y libias, nunca se recibió una respuesta positiva. Las autoridades maltesas evitan referirse a los casos como situaciones de emergencia, utilizando el término ‘barcos de inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a la UE'», remarca.
Afirma que durante las travesías en el mar, SMH también ha podido constatar «la colaboración» de las aeronaves de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) con la Guardia Costera Libia, con lo que «ha facilitado así la interceptación y devolución de migrantes y refugiados a Libia».
«Las personas rescatadas han denunciado detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y violaciones en los centros de detención libios. En la mayoría de los casos, se les exige pagar sumas de dinero, que oscilan entre 500 y 1.000 euros, para ser liberados de estos centros de detención», subraya.
