Bangkok, 6 oct (EFE).- El principal partido de la oposición en Tailandia, Avanzar (Move Forward), presentó una propuesta de ley para amnistiar a las personas acusadas y condenadas por motivos políticos desde 2006, año al que se remonta la crisis política en el país, con el fin de lograr la reconciliación.
En su cuenta de X (antes Twitter), Avanzar señaló que miles de personas, incluidos menores, han sido acusadas desde 2006 por expresar opiniones políticas, participar en manifestaciones y ejercer derechos reconocidos en los tratados internacionales.
La formación, que presentó la propuesta el jueves, indicó que la amnistía no incluiría a quienes hayan cometido delitos de sangre o quienes están acusados de insurrección, lo que incluye tratar de segregar una parte del país o tomar el poder de forma ilegítima.
Avanzar, que ganó las elecciones del pasado mayo pero no pudo formar Gobierno debido al Senado no electo, expresó su deseo de que otros partidos se unan a esta iniciativa en favor de la reconciliación.
Según la proposición de ley, un comité de nueve personas, incluido el presidente de la Cámara Baja y el líder opositor (que es de Avanzar), decidiría qué delitos serían objeto de la amnistía.
Desde 2006, Tailandia ha sido sacudida por numerosas protestas antigubernamentales que han paralizado el país, así como dos golpes de Estado que han dado paso a juntas militares, en un ciclo que se repite cada pocos años.
El perdón general comenzaría con los acusados y condenados por las protestas que se iniciaron en febrero de 2006 contra el entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra, que finalmente fue expulsado por un golpe de Estado militar en septiembre de ese año.
Los detractores de Thaksin, conocidos como los «camisas amarillas», también protagonizaron las protestas de 2008 en las que ocuparon durante meses la sede del Gobierno y también paralizaron el principal aeropuerto de la capital, lo que causó pérdidas millonarias al país.
En 2010 llegó el turno de los seguidores de Thaksin, los «camisas rojas», que ocuparon durante meses el centro de Bangkok hasta que fueron disueltos violentamente por el Ejército, que causó al menos 90 muertos.
Sectores conservadores y ultramonárquicos salieron a las calles en 2013-2014 contra un Gobierno de Yingluck Shinwatra, hermana de Thaksin, crisis que terminó con la destitución de la primera ministra por un tribunal y otro golpe militar en mayo de 2014.
En 2020, miles de jóvenes universitarios lideraron protestas multitudinarias contra la élite promilitar y promonárquica y pidieron reformas profundas, incluida la de la monarquía, lo que rompió el tabú que existía sobre la familia real en el país.
Solo en los últimos tres años, más de 1.900 personas, incluidas decenas de menores, han sido acusados por razones políticas, según datos de la ONG Thai Lawyers for Human Rights.
Uno de los cargos más severos es la lesa majestad, que establece penas de entre 3 y 15 años de prisión para quienes ofendan a la familia real, una ley que los manifestantes han pedido que sea reformada.
El pasado agosto, Thaksin regresó del exilio a Tailandia y se benefició de un perdón real que rebajó su condena de 8 a un año de prisión, que cumple en un hospital de la Policía por razones de salud.