Ginebra, 27 jun (EFE).- La abogada uruguaya Ariela Peralta Distefano ha sido nombrada hoy nuevo miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, encargado desde hace un año de investigar posibles abusos contra las libertades fundamentales en el país centroamericano.
Peralta sustituirá en estas funciones al chileno Alexandro Álvarez, quien presentó su dimisión por motivos que no han sido detallados, según indicó a EFE el portavoz de la Oficina de la ONU para el Consejo de Derechos Humanos, Pascal Sim.
La uruguaya «cuenta con más de 33 años de experiencia en derecho internacional humanitario y en legislación sobre derechos humanos», destacó un comunicado del Consejo de Derechos Humanos, que aprobó la resolución que establecía el grupo de expertos en 2022 y está encargado de administrar su composición.
Completan el grupo tripartito los juristas Jan-Michael Simon (Alemania), quien lo preside, y Ángela Maria Buitrago (Colombia).
Peralta trabaja actualmente en el programa de la Unión Europea de apoyo a los derechos humanos y la democracia en Honduras, y con anterioridad ejerció como asesora jurídica del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También formó parte de la primera Junta Directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, entre 2012 y 2017, ejerciendo como presidenta del órgano entre 2016 y 2017.
El grupo de expertos de la ONU tiene como mandato «llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018».
El pasado abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, formado por 47 Estados, renovó este mandato por dos años más.
En el informe que este grupo presentó el pasado mes de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos se acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como otros altos cargos de violaciones graves de los derechos humanos que constituirían crímenes de lesa humanidad.
Tales crímenes incluirían ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como una fuerte censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
