Seúl, 5 jul (EFE).- Las protestas y la preocupación en Corea del Sur por el plan de verter agua radiactiva depurada de la accidentada central nuclear de Fukushima (Japón) persisten hoy pese a la publicación del informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que respalda la seguridad de esa medida.
La céntrica plaza de Gwanghwamun en Seúl fue escenario hoy de la enésima protesta contra el vertido de las últimas semanas, que también se han repetido frente a la embajada de Japón en Corea del Sur, donde hace diez días la líder del liberal y opositor Partido de la Justicia, Lee Jeong-mi, anunció el inicio de una huelga de hambre a cuenta del plan de Tokio.
El principal bloque de la oposición, el también liberal Partido Democrático (PD), escenificó a su vez otra protesta hoy ante la Asamblea Nacional (Parlamento) liderada por su presidente, Lee Jae-myung, que ha hecho de la oposición al vertido de Fukushima uno de sus grandes caballos de batalla contra el Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol.
El propio Lee restó hoy credibilidad al informe del OIEA, acusando a sus expertos de no visitar realmente Fukushima para elaborar el análisis, mientras que el líder parlamentario de la formación, Park Kwang-on defendió que el organismo «no es una agencia que analice la salud de la gente y el medio ambiente, sino una agencia que otorga importancia a la generación de energía nuclear».
Estas afirmaciones contrastan con la postura del Ejecutivo surcoreano, que hoy afirmó que respeta el informe del OIEA mientras se le acusa de mantener una actitud servil hacia Tokio, con quien Yoon ha tratado de reparar lazos aprobando un polémico plan para compensar a surcoreanos que fueron esclavizados por empresas niponas durante la II Guerra Mundial.
Lo cierto es que un grupo de expertos convocado por el anterior Gobierno liberal surcoreano, presidido por Moon Jae-in, ya advirtió en 2021 de que el vertido no tendría un impacto significativo en aguas nacionales, una estimación que Moon y el DP han decidido pasar por alto desde entonces.
De este modo, la oposición frontal al vertido se ha convertido en un eslogan repetido en las manifestaciones que prácticamente cada fin de semana convocan los grupos liberales en el centro de Seúl para pedir la dimisión de Yoon.
Es un mensaje que repitió también el mayor grupo sindical del país, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU por sus siglas en inglés), cuando anunció esta semana el inicio de una huelga en protesta por las políticas laborales de la actual administración y la ruptura de las negociaciones con la patronal sobre el salario mínimo.
La policía surcoreana anunció hoy incluso que está investigando a un sindicato de profesores por supuestamente obtener de manera ilegal datos de contacto de 70.000 maestros de Seúl para enviarles correos electrónicos instándoles a participar en una colecta de firmas en contra del vertido.
De cualquier forma, encuestas como la realizada recientemente por la Federación Coreana de Movimientos medioambientales muestran que el 85 % de los surcoreanos se oponen a tirar el agua residual de Fukushima al Pacífico.
De este modo, los comercios minoristas surcoreanos hablan de un incremento en las compras de productos del mar por parte del público en un aparente intento de almacenarlos antes de que comience el vertido, previsto para este verano.
Eso ha pasado también con la sal marina, cuyo precio se llegó a disparar un 30 % a principio de junio con respecto a abril, aunque el Ministerio de Mar y Pesca asegura que el incremento responde a una caída de la producción debido al mal tiempo.
El propio Ministerio ha prometido que este mes reforzará la inspección de las importaciones marinas para establecer claramente su origen, aunque en todo caso Corea del Sur mantiene desde 2013 la prohibición de introducir productos del mar de ocho prefecturas del este y norte de Japón, incluida Fukushima.
