París, 1 dic (EFE).- La líder ultraderechista Marine Le Pen continúa con la presión al Ejecutivo francés, cuya supervivencia depende de sus 140 diputados, pero mantiene abierta la puerta de la negociación sobre los presupuestos, que pueden marcar el punto de ruptura en la semana que comienza este lunes.
El primer ministro, el conservador Michel Barnier, debe presentar este lunes las cuentas de la Seguridad Social, el primer gran examen que afronta sin mayoría en la Asamblea Nacional.
Ante ello, puede decidir aprobarlos sin votación parlamentaria utilizando un mecanismo constitucional, el artículo 49.3, pero eso habilita a la oposición a presentar una moción de censura.
En una entrevista publicada este domingo por el semanario La Tribune, Le Pen reiteró que la censura al Ejecutivo «no es inevitable» pero pasa por «una negociación» con su partido, algo que, según ella, no se ha producido hasta ahora.
La líder ultraderechista, que ha presentado un presupuesto paralelo al del Ejecutivo, fue recibida en la sede del Gobierno el pasado lunes por Barnier, que también dialogó con otros líderes parlamentarios.
Desde entonces, el jefe del Gobierno ha dado algunas concesiones a la extrema derecha, como renunciar a un impuesto sobre la electricidad, convertido por sus portavoces en una victoria que no dejan de recordar su defensa del poder adquisitivo de las clases populares.
Pero para Le Pen no es suficiente y ahora asegura que no se conforma con migajas y quiere entablar una verdadera negociación sobre los presupuestos, que deben ser sometidos a votación justo antes de navidades.
Eso presupone que no derribará al Ejecutivo por las cuentas de la Seguridad Social, lo que otorga a Barnier algo de oxígeno, aunque augura un nuevo momento de tensión en menos de un mes.
El jefe del Gobierno sigue alertando de los peligros a los que se enfrenta el país en caso de no aprobación de los presupuestos, lo que le debilitaría su capacidad de pedir préstamos a nivel internacional.
El ministro de Hacienda, Laurent Saint-Martin, advirtió este domingo en una entrevista en Le Parisien de la «elevada factura» que el país pagará en caso de no aprobar unos nuevos presupuestos.
Según sus cifras, Francia sufriría una «sanción financiera» de 3.500 millones de euros de forma inmediata y 20.000 millones en cinco años, a causa de la subida de los tipos de interés de los préstamos que necesita el país.
Además, consideró que reconducir los presupuestos de 2024 sería muy negativo para las clases medias y bajas, porque muchos ciudadanos que ahora están exentos del impuesto sobre la renta deberían pagarlo.
Saint-Martin rechazó «el chantaje» y el «ultimátum» de la ultraderecha y apeló a la responsabilidad de todos los grupos para no debilitar la imagen de Francia.
En particular, el titular de Hacienda se dirigió al Partido Socialista, al que calificó de «partido de gobierno que quiere el caos para el país».
Los socialistas, cuyos 60 diputados están agrupados en una alianza con el resto de los partidos de izquierda, no han dado ningún signo de querer romper ese pacto y acusan al Gobierno de negociar solo con la extrema derecha.
Esa es la sensación que da el Ejecutivo, que sigue tratando de convencer a las tropas de Le Pen, que considera que necesita más gestos para sus «once millones de electores», lo que le convierten en el partido más votado del país.
En concreto, la ultra derecha esgrime cuatro puntos de negociación: que el Gobierno renuncie a congelar medio año la subida de las pensiones, a dejar de subvencionar algunos medicamentos, a aumentar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas y que se comprometa a reducir la ayuda médica a los inmigrantes clandestinos.
Le Pen es consciente de que esas medidas supondrían menos dinero en las arcas del Estado y pide negociar la forma de financiarlas.
