El Ayuntamiento toma medidas para saldar deudas acumuladas y sentencias judiciales en una sesión decisiva de modificación presupuestaria
El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado este 18 de julio en un Pleno extraordinario una serie de medidas financieras cruciales para el municipio, destinadas al pago de facturas pendientes y sentencias judiciales en firme. En una sesión donde se debatieron ocho puntos clave, destacan las modificaciones presupuestarias necesarias para abordar diversas obligaciones financieras acumuladas.
Entre las partidas aprobadas se incluye la cobertura de la tasa de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid, así como el servicio de gestión de residuos de la Mancomunidad del Sur. Estos pagos no solo son esenciales para mantener los servicios básicos municipales, sino también para cumplir con las obligaciones legales derivadas de sentencias judiciales pasadas que aún no se habían saldado.
La primera propuesta, presentada por la concejala de Hacienda, buscaba la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 2024/16q/hac_mdfppto, con un suplemento de crédito por aplicación de superávit. Esta partida, por un total de 10.577.874,87 euros, fue respaldada por los votos a favor de PP y ULEG, mientras que PSOE, Más Madrid, Podemos y VOX se mostraron en contra.
Otra modificación presupuestaria aprobada fue el expediente nº 2024/14z/hac_mdfppto, destinado a la amortización de préstamos por un importe de 14.200.000 euros. Esta medida también recibió el apoyo de PP y ULEG, con la misma oposición de los otros grupos municipales.
Además, se destinaron recursos para el abono de facturas pendientes de luz y gas, así como para el pago de otras obligaciones financieras de diversas delegaciones municipales, sumando un total de 1.007.887,4 euros. Esto es parte de una estrategia para regularizar los compromisos financieros atrasados y garantizar la operatividad continua de los servicios municipales.
La aprobación inicial del expediente nº 2024/12n/hac_mdfppto también fue un punto crucial en la sesión, ya que se destinaron 6.192.107,83 euros para el pago de sentencias judiciales pendientes. Esta medida es parte de un esfuerzo por cerrar capítulos legales anteriores y evitar contingencias futuras derivadas de litigios prolongados.
Finalmente, se convalidaron actos que habían llevado a la omisión de la función interventora, asegurando la legalidad y transparencia en los procesos administrativos del Ayuntamiento. Esta medida, aunque técnica, es fundamental para mantener los estándares de gobierno abierto y cumplir con las normativas vigentes.
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