Málaga, 18 may (EFE).- ¿Le gustaría vivir junto a la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa? ¿Y de una macrogranja de cerdos o una planta de residuos? La respuesta, seguramente, sea no. Por eso, asociaciones ecologistas y vecinales batallan en toda España para frenar equipamientos e infraestructuras que, aunque pueden ser necesarias, pocos quieren cerca de casa.
A las puertas de las elecciones municipales, el apoyo, o no, de los partidos a estos controvertidos proyectos, que en ocasiones acumulan años de lucha y movilizaciones, pueden resultar determinantes a la hora de formalizar las alianzas postelectorales.
Es el caso de Cáceres, donde Unidas Podemos ya ha advertido que no volverá a pactar con el PSOE si éste apoya una mina de litio en la localidad.
DISPUTA POR EL URANIO DE SALAMANCA
Uno de los litigios más longevos en España es el que mantienen desde hace una década los vecinos de Retortillo, un pequeño pueblo del Campo Charro de Salamanca, contra el proyecto de la multinacional australiana Berkeley para construir allí una mina de uranio.
El debate sobre este yacimiento ha vuelto al debate público tras la llegada de Vox al gobierno de la comunidad y su proclama de explotar los recursos energéticos autóctonos.
«Tenemos uranio en Salamanca para atender la demanda energética de España durante años», escribió recientemente en Twitter el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), quien subrayó el apoyo de la Junta -no decisivo- a este plan.
Lo cierto es que el proyecto está paralizado desde que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) lo vetó en 2021 y desde que el Gobierno de España dio su ‘no’ definitivo.
La compañía minera, no obstante, no se ha quedado de brazos cruzados y ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el rechazo gubernamental a su proyecto, al entender que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta su plan de mejora.
EL LITIO Y LA POTASA DE LA DISCORDIA
Otros dos proyectos mineros, de litio y potasa, son los que han puesto en pie de guerra a varios municipios de Navarra y Extremadura.
En las localidades extremeñas de Cáceres y Cañaveral han surgido dos plataformas ciudadanas contrarias a la extracción de litio, un elemento clave para el desarrollo del vehículo eléctrico que otros consideran una oportunidad histórica para desarrollar un polo industrial en torno a este metal en Extremadura.
En Cáceres, la empresa Extremadura New Energy ha sustituido su proyecto inicial de mina a cielo abierto por uno en galería, lo que ha llevado a PSOE y PP a modificar su posición de un rechazo frontal inicial a una condicionada por lo que digan los informes técnicos.
En el ‘no’ a este proyecto sigue asentada Unidas por Extremadura, que lo ha marcado como una línea roja en los posibles pactos tras el 28 de mayo. Vox sí se ha mostrado a favor de su explotación, lo que podría repercutir en la postura de los populares si necesitan el apoyo de este partido para la formación de gobierno.
Más avanzado está el proyecto minero de extracción de potasa ‘Mina Muga’, que se propone desarrollar la empresa Geoalcali en suelo repartido entre Sangüesa (Navarra) y la localidad aragonesa de Undués de Lerda.
El proyecto ha sorteado el rechazo vecinal y ha logrado la licencia de obras por parte del ayuntamiento de Sangüesa, una vez obtenido el plácet del gobierno navarro.
LOS PARQUES EÓLICOS, EL ENEMIGO COMÚN
En La Rioja, Santander, Galicia, el País Vasco o Girona la batalla común se libra contra los megaparques eólicos, tanto terrestres como marinos.
Los molinos de viento han convertido a Galicia en una potencia energética, pero los vecinos de algunos municipios cuestionan los perjuicios al paisaje y que los beneficios redunden más en las grandes eléctricas que en sus casas y negocios.
La región cuenta con más de 4.000 aerogeneradores capaces de generar unos 4.000 megavatios por hora, aunque hay más de 250 molinos esperando autorización para colocarlos en colinas y 600 para situarlos en el mar.
Girona tiene actualmente seis proyectos de generación de energía eólica marina sobre la mesa, pero la iniciativa que más detractores acumula, por el impacto paisajístico que puede tener, es la conocida como Parc Tramuntana, prevista en el Golfo de Roses y la bahía de Pals.
Los impulsores del parque proponen la instalación de una treintena de aerogeneradores de entre 240 y 260 metros de altura separados un kilómetro entre ellos y a una distancia de la línea de costa de entre 14 y 24 kilómetros.
El colectivo Stop Macro Parque Eólico Marino ha reunido más de 30.000 firmas en contra del proyecto y ha enviado un cuestionario a los candidatos que concurren a las elecciones del 28M en los 26 municipios implicados para conocer su opinión al respecto.
También en Cantabria o Euskadi la instalación de aerogeneradores ha provocado el rebote de asociaciones y municipios, así como en La Rioja, donde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) ha elaborado un manifiesto en el que urge a la protección de los paisajes del viñedo español.
RECHAZO A CENTROS DE ACOGIDA
En el País Vasco hay otro frente abierto que implica a los gobiernos central y autonómico por la decisión del primero de instalar un centro de acogida de refugiados en Vitoria.
El PNV critica la falta de información y de consenso para sacar adelante este proyecto con capacidad para 350 plazas, que para la parte nacionalista del ejecutivo autonómico es «un macrocentro» que no casa con el modelo de acogida implementado en el País Vasco.
En Málaga también se rebelaron los vecinos por un proyecto para habilitar un centro de internamiento de menores en un complejo que fue levantado hace más de diez años para albergar una residencia de mayores.
Tras meses de protestas de los vecinos de Jarazmín, el Ayuntamiento finalmente ha dado carpetazo al proyecto y ha archivado el expediente iniciado para autorizar esta actividad en el geriátrico que nunca llegó a ser un geriátrico.
PROYECTOS PARA TODOS LOS (DIS)GUSTOS
Las instalaciones, infraestructuras y equipamientos que en toda España suscitan el rechazo de vecinos y entidades tienen un carácter muy variopinto. Desde rascacielos a ampliaciones de aeropuertos, cárceles, discotecas, depuradoras, plantas de biogás, cementerios nucleares, campos de tiro o macrogranjas, como las que se proyectaron construir en el municipio murciano de Lorca.
Para evitarlo, el ayuntamiento aprobó una nueva normativa que impedía la construcción de nuevas granjas intensivas de cerdos o la ampliación de las ya existentes a menos de 1.500 metros de distancia de los núcleos habitados. La medida, esta vez, enojó a los productores de porcino, que llegaron a asaltar el edificio consistorial.
Otros proyectos incluso han desembocado en una crisis de gobierno, como el que prevé la instalación de un macrovertedero de residuos industriales en Salvatierra de los Barros (Badajoz).
El alcalde, Francisco José Saavedra (PSOE), que ganó por mayoría absoluta en 2019, dimitió tras la polémica suscitada por el vertedero, mientras que los otros cuatro concejales socialistas pasaron al grupo de no adscritos, apoyando, junto a los otros cuatro ediles del Partido Popular, la designación el pasado diciembre de Abel Caro (PP) como nuevo regidor.
Gemma Bastida
