Sao Paulo, 29 dic (EFE).- Uno de los mayores desafíos que afrontará el presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, será extirpar la política de los cuarteles y desmilitarizar el Gobierno, tras cuatro años de puertas abiertas con Jair Bolsonaro.
Las Fuerzas Armadas han tenido un fuerte protagonismo en el Gobierno de Bolsonaro que Lula quiere aplacar a partir del 1 de enero, día de su investidura.
No será fácil. El dirigente progresista se encontrará con una administración repleta de militares, de altos a bajos cargos, con la presión añadida de cientos de bolsonaristas acampados a las puertas de los cuarteles para exigir una «intervención» militar.
Desde los años oscuros de la dictadura (1964-1985), los militares no tenían tanto espacio en el poder. Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y líder de la ultraderecha, ha sido el principal artífice de ello al imprimirle un marcado acento castrense a su gestión.
Invitó a las Fuerzas Armadas a comandar ministerios, les puso al frente de empresas públicas y les convenció para que supervisaran las elecciones de octubre, que perdió por una diferencia de menos de dos puntos frente a Lula.
MILES DE MILITARES EN EL GOBIERNO
Según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, en 2018, un año antes de que Bolsonaro asumiera el poder, había 2.765 militares, activos o de la reserva, ocupando cargos civiles en el Gobierno.
Ese número pasó a 3.515 en 2019, primer año de Bolsonaro en la Presidencia, y se disparó hasta los 6.157 en 2020, de los cuales cerca de la mitad son cargos «comisionados» que el Gobierno de Lula podría sustituir en el corto plazo.
Esa cuartelización del Ejecutivo ha levantado todo tipo de especulaciones y miedos, sobre todo durante y después del proceso electoral.
«En estos cuatro años, Bolsonaro intentó politizar las Fuerzas Armadas, pero, tras las elecciones, las FF.AA. no intervinieron de ninguna forma. La institución resistió», expresó a EFE el presidente del Centro de Defensa y Seguridad Nacional (Cedesen), Rubens Barbosa.
Para reconducir la situación, Lula ha vuelto a poner a un civil al frente del Ministerio de Defensa. El elegido es José Múcio, un veterano político conservador, conocido por su talante conciliador.
Tiene un tránsito excelente tanto en las filas bolsonaristas, como entre los oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Si bien el futuro ministro reconoció en una de sus primeras entrevistas que es «absolutamente necesario» la «despolitización» y «despartidarización» de las Fuerzas Armadas.
En su opinión, durante la gestión de Bolsonaro se permitió que las «preferencias políticas se exacerbasen» en los cuarteles a través de las redes sociales, algo que no permitirá más, según dijo.
Dentro de ese creciente activismo político, algunos sectores militares se embarcaron en la feroz campaña de descrédito encabezada por Bolsonaro contra las urnas electrónicas que el país utiliza con absoluta normalidad desde 1996.
Las FF.AA., como institución, realizaron una inédita auditoría sobre el proceso electoral y, aunque corroboraron que no hubo fraude, dejaron en el aire la posibilidad de que el actual sistema pueda ser objeto de ataques informáticos.
Esas sospechas, sumado al silencio y a la negativa de Bolsonaro de reconocer abiertamente su derrota, han dado alas a los seguidores más radicales del actual presidente, que siguen empeñados en que las Fuerzas Armadas impidan la investidura de Lula y anulen los comicios.
«SOS FUERZAS ARMADAS», EL GRITO BOLSONARISTA
Varias decenas han montado todo un campamento a las puertas del cuartel general del Ejército de Sao Paulo. La mayoría de sus huéspedes tienen más de 50 años.
«¡Vamos a dejar a Bolsonaro con los militares!», exclama a EFE una simpatizante del presidente que desea ser identificada apenas como «patriota», al lado de otras tres mujeres que asienten con orgullo.
Aquí, están convencidos de que «Lula no va a subir la rampa» del Palacio de Planalto el 1 de enero, es decir, que no habrá investidura. Creen que los militares «actuarán» antes.
«Bandido y ladrón no puede gobernar este país», se queja Sueli Trindade. Ella y sus compañeras dicen que están decididas a viajar a Brasilia para impedírselo.
En el campamento, que se ha repetido en otras ciudades, con casos aislados de vandalismo en Brasilia, predominan las banderas de Brasil y los carteles con mensajes como «SOS Fuerzas Armadas», «Todos por la patria» o «Intervención militar», aunque parece tener los días contados.
El futuro ministro de Justicia, Flávio Dino, ya ha manifestado que quiere dispersarlos cuanto antes, sin dejar de lado la vía del «diálogo», la misma que deberá emplear Lula para alejar la política de los cuarteles.
Carlos Meneses
