Madrid, 11 mar (EFE).- Madrid es la única comunidad que, a menos de tres meses de los comicios del 28 de mayo, sigue afrontando este año electoral sin unos nuevos presupuestos, tras la aprobación este viernes de los de Cataluña y la votación favorable, esta vez sin errores, de la ley de acompañamiento a las cuentas de Castilla y León el pasado 22 de febrero.
En la Comunidad de Madrid, el distanciamiento entre el PP de Isabel Díaz Ayuso y su socio preferente, Vox, hizo imposible el acuerdo sobre los presupuestos de 2023 y provocó la prórroga de las cuentas de 2022, las únicas aprobadas en los cuatro años de mandato (en dos legislaturas distintas) que acumula la dirigente popular.
Hasta principios de diciembre, todo apuntaba a que el PP y Vox pactarían los presupuestos de 2023, pero Vox presentó sus enmiendas al proyecto fuera de plazo, el PP no quiso hacer una excepción para que la Asamblea regional las admitiera y el partido que lidera Santiago Abascal respondió anunciando su voto en contra de la propuesta, condenándola así al fracaso.
También trabaja con las cuentas de 2022 prorrogadas el Ayuntamiento de la capital, donde el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), buscó igualmente el respaldo de Vox, pero la exigencia de este partido de eliminar las restricciones a la movilidad en el centro de la ciudad frustró la negociación.
En Cataluña, el Govern de Pere Aragonès comenzó el año con una «prórroga técnica» de sus presupuestos, a la espera de que, como finalmente ha ocurrido, consiguiera un acuerdo con el PSC además de con los comunes.
Aragonès cerró primero un acuerdo con En Comú Podem y las negociaciones con el PSC fueron avanzando en sucesivas semanas hasta repetirse en el ámbito autonómico el pacto entre socialistas, comunes y republicanos que ya permitió avalar los Presupuestos Generales del Estado y las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona.
Por su parte, en Castilla y León, que sí arrancó el año con presupuestos, pero sin ley de acompañamiento, finalmente se pudo revertir la situación creada el 23 de diciembre cuando los dos grupos de la coalición de gobierno (PP y Vox) apoyaron por error las enmiendas del PSOE y optaron después por tumbar su propio proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2023.
Fue el 22 de febrero pasado cuando ambos grupos unieron sus votos para sacar adelante una proposición de ley que sustituyó al infortunado proyecto de ley y logró subsanar el error de la votación de diciembre.
El resto de comunidades disfrutaban sin contratiempos ya desde el 1 de enero de presupuestos específicamente diseñados para 2023, no solo las cuatro donde hay mayoría absoluta sino también las otras diez, más Ceuta, en las que gobiernan coaliciones o partidos en minoría, lo que habla de la estabilidad general de los ejecutivos autonómicos.
Las mayorías absolutas del PP en Andalucía y Galicia y del PSOE en Castilla-La Mancha y Extremadura permitieron aprobar los presupuestos de 2023 en estas comunidades en tiempo y sin los problemas que el año anterior tuvo Juanma Moreno y que le obligaron a prorrogar las cuentas.
Los socialistas sacaron adelante los presupuestos de Aragón con Podemos, CHA y PAR; en Asturias con IU, ex Cs y Podemos; los de Baleares con Unidas Podemos y Més per Mallorca; los de Canarias con Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera; los de Navarra con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (y la abstención pactada de EH Bildu) y los de La Rioja con IU y la exdiputada de Podemos.
La Comunidad Valenciana también aprobó el suyo a pesar de las discrepancias y tensiones existentes entre los socios de gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem, que acusaron a los socialistas de actuar con «deslealtad» por pactar algunas medidas con la oposición.
En Cantabria y País Vasco, las cuentas obtuvieron los votos suficientes sumando los de los partidos que conforman los respectivos gobiernos de coalición: PRC y PSOE en el ejecutivo de Miguel Ángel Revilla y PNV y PSE-EE en el de Iñigo Urkullu.
A diferencia del año anterior, cuando se aprobaron el 18 de enero, la Asamblea Regional de Murcia dio luz verde a los presupuestos regionales antes de finalizar el año gracias a los votos del PP y de sus socios de gobierno (ex de Ciudadanos y Vox) y la abstención de Vox.
En el caso de Ceuta, el presupuesto fue aprobado el 23 de diciembre gracias al acuerdo entre el PP, que gobierna la ciudad autónoma sin mayoría absoluta, y el PSOE, así como al voto favorable de los dos diputados no adscritos.
Este caso único en la España autonómica llevó a la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani (PP), a destacar la «altura de miras» demostrada por el PSOE. EFE
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