Madrid, 16 dic (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este lunes que, con la aprobación hoy del protocolo de objetores de conciencia al aborto en el Consejo Interterritorial, las comunidades que aún no lo tienen se han quedado ya sin «excusas» para ponerlo en marcha.
«El aborto es un derecho fundamental y nuestra misión es garantizar ese derecho y ese cumplimiento sin excepciones y sin más demoras. La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo garantiza el acceso libre, seguro y gratuito en una sanidad pública, pero su incumplimiento en diferentes lugares de nuestro territorio sigue siendo una realidad inadmisible», ha denunciado la ministra antes de presidir el último Interterritorial del año.
La creación de los registros de objetores está prevista en la reforma de la ley del aborto que se hizo en febrero de 2023; comunidades como Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra o Cantabria ya lo tienen implementado, pero «muchas otras se escudaban en que faltaba un protocolo común» para hacerlo.
«Pues bien, ahora mismo ya no hay excusas porque ya lo tenemos», ha avisado García, que ha confiado en que a partir de hoy, «las comunidades ahora cumplan con su parte y elaboren ese registro de objetores de conciencia para que los centros públicos puedan planificar y puedan evitar objeciones en bloque de servicios enteros y desplazamientos forzosos de pacientes».
El texto que hoy se ha aprobado en el Interterritorial establece una doble modalidad de objeción: los opositores podrán negarse a la práctica total de intervenciones u oponerse de manera parcial a uno los supuestos y plazos establecidos en la ley, sin tener que motivarlo en ningún caso y con la garantía de salvaguarda de sus datos, que serán «especialmente protegidos», según consta en el documento.
La intención de este registro es garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a abortar en la sanidad pública, ya que el 81 % se sigue realizando en clínicas privadas.
Con este objetivo, los centros deberán adecuar los recursos humanos «a la correcta programación de este tipo de intervención sanitaria», pero también adoptar las medidas para «garantizar la no discriminación» tanto de los no objetores, «evitando que se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo», como a los propios opositores, para impedir que «sufran cualquier discriminación derivada de la objeción».
