La Paz, 13 nov (EFE).- El expresidente de Bolivia y líder del oficialismo Evo Morales (2006-2019) criticó este miércoles al órgano electoral por cumplir un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anula los comicios judiciales en algunas regiones del país, pese a haber asegurado inicialmente que realizaría el proceso de forma íntegra.

«Lamentamos que las presiones políticas y la persecución judicial hayan sido más fuertes que la defensa de la democracia», escribió Morales en la red social X.

El también presidente del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) reaccionó así a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que acatará un auto constitucional que ordena la continuidad parcial del proceso para la elección de magistrados de las altas cortes del país, prevista para el 15 de diciembre.

Morales consideró que con esta decisión, el TSE «retrocede» en su postura inicial «acordada con todas las fuerzas políticas del país» de llevar adelante el proceso electoral en todas las regiones «y decide vulnerar los derechos» de los bolivianos dejando sin elecciones judiciales a algunas regiones.

«Vemos con profunda preocupación la desinstitucionalización del Estado Plurinacional donde las leyes y la Constitución han dejado de tener vigencia frente a las imposiciones del gobierno nacional», agregó.

La semana pasada, dos magistrados del Constitucional declararon desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, y para el TCP en ambas regiones y también en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

El órgano electoral pidió al Constitucional una aclaración y enmienda de esa sentencia, respuesta que se conoció en esta jornada y que ratificó la decisión de que los comicios judiciales se realicen de forma parcial.

Inicialmente, el TSE anunció que iba a continuar con el proceso de forma íntegra y buscó apoyo del Legislativo, Ejecutivo y los partidos para esto, pero hace unas horas resolvió obedecer el fallo constitucional alegando que «no se han garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante» las elecciones en todas las regiones.

La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS.

El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevos comicios.

Esto generó fuertes protestas de la oposición y también de Morales y los sectores oficialistas que le son leales, que a principios del año bloquearon carreteras para exigir la renuncia de los jueces, a los que acusan de ser «autoprorrogados».

Morales, que está distanciado del Gobierno de Luis Arce, criticó el mes pasado el proceso electoral al considerar que varios postulantes habilitados son «derechosos» y que no hay suficiente representación indígena ni paritaria, ante lo cual sus sectores afines anunciaron la presentación de un amparo en contra de estas elecciones judiciales.