Quito, 10 dic (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador anunció este martes que recurrirá a la Corte Constitucional y que emprenderá acciones penales contra los responsables de la promulgación por parte del presidente, Daniel Noboa, de una polémica ley contra el lavado de activos que había sido archivada por el Legislativo al señalar que genera nuevos impuestos.
La presidenta de la Asamblea, la opositora Viviana Veloz, del movimiento correísta Revolución Ciudadana, anunció en un comunicado que presentará una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, luego que se confirmara que ha sido publicada en el Registro Oficial (boletín oficial de leyes del Estado) la denominada 'Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos', conocida como popularmente como 'Ley Antipillos'.
Dicha normativa, impulsada por el Gobierno del derechista Daniel Noboa, ya había sido negada y archivada por el Legislativo en un primer debate de su pleno, aunque el Ejecutivo había advertido de que solo podía ser rechazada en un segundo debate al haber sido calificada de urgencia económica.
La Asamblea aseguró, además, que es inconstitucional que la ley haya sido promulgada por Noboa por decreto bajo el argumento que se había cumplido el plazo para el segundo debate.
Según el Parlamento, para poder inscribir una normativa en Registro Oficial «se requiere, necesariamente, de una certificación por parte de la Legislatura».
«Condenamos que la Corte Constitucional y el Registro Oficial hayan permitido que se publique un decreto ley sin cumplir las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico, lo cual vulnera el equilibrio de poderes y la institucionalidad del país», advirtió la Asamblea.
El Parlamento se lamentó de que la Corte Constitucional, el tribunal encargado de «garantizar el respeto a la Constitución», se haya convertido en «un instrumento del Gobierno para asfixiar la economía del pueblo ecuatoriano e imponer más impuestos a la gente».
Asimismo, aseguró que el Legislativo adoptará «las acciones penales en contra del máximo representante del Registro Oficial por esta acción ilegal».
La presidenta de la Asamblea, en el comunicado, ratificó su compromiso de «no permitir más impuestos para la ciudadanía, frente a la crisis económica y energética que vive la sociedad ecuatoriana».
Advirtió, asimismo, que las normas tributarias que se incluyen en la 'Ley Antipillos' son presuntamente exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de los acuerdos crediticios que mantiene con el Gobierno de Noboa. «No se puede permitir que los intereses del FMI primen sobre los derechos de los ecuatorianos», agregó.
Horas antes, el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, había advertido de que la forma como el Ejecutivo había promulgado dicha ley podía caer «en el delito de arrogación de funciones».
Oficialismo acusa a Asamblea de irregularidad
Por su parte, la agrupación oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) expresó en un comunicado «profunda preocupación por los ataques directos y los juicios de valor dirigidos contra el Registro Oficial y la Corte Constitucional» desde la Asamblea.
Para el oficialismo, «estos órganos son pilares fundamentales de la justicia y de la democracia, cuya labor debe mantenerse libre de presiones partidistas».
ADN consideró que «las únicas irregularidades e inconstitucionalidades vinculadas a esta ley nacieron de la propia Asamblea al no dar el debido tratamiento a una 'ley económica urgente' en primer y segundo debate». «Este incumplimiento dejó en evidencia una falta de responsabilidad legislativa», apostilló.
La iniciativa legislativa había sido presentado por el Gobierno el pasado 7 de noviembre con el objetivo de que sea tramitado en la Asamblea como una norma urgente en materia económica.
Según el Ejecutivo, esta normativa planteaba acciones para prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional.
El Legislativo, por contra, había advertido de que la ley del Gobierno no incidía en la lucha contra el lavado de activos, sino que creaba más impuestos con ese argumento.
