Madrid, 21 sep (EFE).- Verdes Equo y el Partido Verde Europeo han pedido hoy a la Comisión Europea que no renueve la licencia del pesticida glifosato con el fin de proteger «nuestra salud, la calidad de las aguas y los ecosistemas» y que apueste por la adopción de opciones ecológicas.
Según un comunicado facilitado esta mañana, el grupo Los Verdes/ALE, en colaboración con Pesticide Action Network Europe, y la coalición Stop-Glyphosate elaboró un estudio en octubre de 2022 para ver el alcance de la contaminación derivada del uso de herbicidas a base de glifosato y detectó su presencia por encima de 0,2 μg/L (microgramo por litro) en 17 de 23 muestras de agua de río de 11 de los 12 países europeos.
De esas muestras, un 22% -recolectadas en España, Portugal, Austria y Polonia- contenían niveles que excedían el límite seguro de 0,1 μg/L para sustancias activas de pesticidas y sus metabolitos en el agua potable, lo que las hace inadecuadas para el consumo humano.
Por ello, las formaciones ecologistas consideran que continuar utilizando estas sustancias «puede conducir a una exposición generalizada y casi inevitable a esta sustancia peligrosa» a través del consumo de agua.
Sin embargo, en las últimas horas la Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros renovar por diez años la autorización para prolongar el uso de este herbicida tras sopesar el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que estima que el nivel de riesgo no justifica la prohibición.
La autorización actual expiró hace casi un año, en diciembre de 2022, pero la EFSA publicó un informe el pasado mes de julio en el que descartaba «áreas críticas de preocupación» para los seres humanos, los animales o el medioambiente, siempre que su empleo se acompañe con medidas que atenúen los riesgos en los alrededores de las zonas rociadas.
De hecho, la nueva propuesta impone «condiciones estrictas» según la Comisión Europea, incluyendo la protección de aguas subterráneas y de pequeños mamíferos que puedan verse expuestos al uso del pesticida.
Para salir adelante, la propuesta deberá ser aprobada mediante mayoría cualificada por los gobiernos de los países miembros de la UE, que votarán sobre esta cuestión el próximo 13 de octubre.
