Santiago de Chile, 31 ago (EFE).- «Coarta libertades, no tiene contrapesos y pone al Estado por encima» del ciudadano y el capital, son —junto a la idea de que es «un texto malo, hecho con rabia» por una convención que «no representa a todos los chilenos»— las razones que los partidarios del Rechazo invocan para votar no en el crucial plebiscito del próximo 4 de septiembre.
Así lo argumenta a Efe el portavoz del comando de esta opción, Claudio Salinas, quien invita a los chilenos a participar en un referéndum en el que 15 millones de chilenos decidirán este domingo si aprueban o rechazan una propuesta de nueva Constitución escrita por una convención constituyente paritaria elegida democráticamente.
Según Salinas, antiguo militante de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), en la nueva carta magna existen «complejidades» y es fruto de una convención que «no se escuchó a la ciudadanía» en temas tan controvertidos como la reforma de las pensiones, que en el nuevo texto abre la opción de un sistema público colaborativo similar al de algunos estados europeos.
«Fuimos partícipes del proceso constituyente. No es que hayamos tomado una postura al final. Participamos de las audiencias públicas, donde hubo un mecanismo bastante aleatorio y cuestionable para definir cuáles eran las organizaciones asistentes», explica a Efe el abogado, que fue asesor del anterior presidente, Sebastián Piñera.
SISTEMA PÚBLICO FRENTE A PRIVATIZACIÓN
«Nosotros postulamos a más de 50 organizaciones para que pudieran ser parte de estas audiencias y solo quedaron dos o tres seleccionadas», agrega Salinas, portavoz de la «Casa del Ciudadano por el Rechazo», una plataforma que acoge a diversas organizaciones contrarias al texto que se someterá a consulta.
«Vimos con muy buenos ojos las iniciativas de norma popular. Impulsamos muchas de ellas en temas muy importantes que preocupan a los chilenos, como seguridad, salud, educación, pensiones. Lamentablemente, todas y cada una fueron rechazadas por la Convención, algunas de ellas ni siquiera lograron llegar al plenario», agregó.
Salinas destacó, en particular, propuestas como «Con mi plata», que reunió 15.000 firmas, y «Salud libre», la segunda más votada después de «Será Ley», que garantizaba derechos sexuales y reproductivos
La primera defiende la teoría de que con el nuevo sistema de pensiones que se propone se pierden «los ahorros previsionales», el dinero para la jubilación que los chilenos se ven obligados a poner en las AFP, empresas privadas que actúan como un monopolio y se lucran con planes de pensiones privados que fluctúan según el mercado.
La segunda defiende el derecho a «escoger qué tipo de salud quieren optar los chilenos» y el sistema privado actual frente el derecho universal a la salud que propone la nueva carta.
«COARTA LIBERTADES»
Según Salinas, la nueva Constitución carece de «contrapesos fundamentales para una democracia estable», poniendo como ejemplo la eliminación del Senado: «Se le quita protagonismo a instituciones que han creado un buen desarrollo del país».
La propuesta de carta magna plantea un nuevo sistema político que elimina varias de las atribuciones presidenciales definidas en la Constitución vigente, propone la descentralización con una Cámara de las Regiones que no tiene facultades fiscalizadoras pero sí participa del proceso legislativo, además de la Cámara de Diputados.
Además, propone el paso de un estado subsidiario a uno «social de derechos», donde se apuesta por el fortalecimiento de lo público y por una mayor presencia del Estado.
«Lo más grave es como ciudadanos nos coarta ciertas libertades. Una Constitución debe dar las líneas generales sobre las cuales vamos a seguir trabajando y asegurarnos a los ciudadanos que el Estado no nos pase por encima», agregó.
«AVANZAR HACIA UN PLAN C»
Para Salinas, la vía para rechazar y seguir con el proceso constituyente, con el que dice estar de acuerdo, es «crear un gran acuerdo político ciudadano lo antes posible para generar estos cambios que hoy día Chile necesita».
«Cuando gane el rechazo hay que seguir impulsando este plan C para avanzar en la agenda social que fue mal tratada por la convención y que la gente necesita (…) Este espacio se equivocó cuando no escuchó a la ciudadanía, ellos establecieron los mecanismos y quisieron poner mucho articulado, quisieron hacerse cargo de todo. Cuando haces eso debes responder por todo», apuntó Salinas.
Quienes apoyan el rechazo también critican la «plurinacionalidad», que reconoce los derechos de los pueblos originarios, un tema que argumentan «divide a Chile».
Además, el reconocimiento de la Justicia indígena para casos específicos, que en su opinión hace que los chilenos «no sean iguales ante la ley». Y que, creen, no garantizan la seguridad y la paz.
El proceso constituyente fue el mecanismo institucional que encontraron los partidos políticos chilenos para contener la masiva ola de protestas contra la desigualdad que estalló a fines de 2019, dejando una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares por las fuerzas de seguridad y miles de heridos.
Para ello se creó una Convención Constitucional compuesta por 154 representantes de manera paritaria —hecho inédito en el mundo— y escaños reservados para los pueblos indígenas, espacio que durante un año redactó el texto que se someterá a la voluntad popular el próximo domingo.
