PP, BNG y PNV presentan enmiendas en el Senado a las leyes de bomberos y agentes forestales

Un bombero en un incendio, en una fotografía de archivo. EFE/ Sxenick

Madrid, 13 sep (EFE).- PP y BNG han presentado casi medio centenar de enmiendas a los proyectos de ley de bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales en el Senado, entre las que se incluye además una del PNV, para mejorar el desarrollo de un marco legal básico en el país que dignifique las condiciones laborales de esos profesionales.

Se trata en conjunto de más de 25.000 profesionales afectados por lo que será esta nueva regulación, que pretende mejorar las condiciones de trabajo de quienes protegen de fuego al medio ambiente y a los ciudadanos, y cuyas jornadas de trabajo los expone a mucho riesgo y jornadas excesivamente largas sin suficiente descanso para la extinción de las llamas.

Recién cerrado el plazo de presentación de enmiendas a dichas normativas en trámite en el Senado, que concluyó la pasada medianoche, tras su paso por el Congreso, ha sido 17 el total registrado en el caso del proyecto de ley básica de bomberos forestales, de las cuales 12 son del Grupo Popular y 5 de la formación gallega BNG.

En relación con el proyecto de ley de agentes forestales y medioambientales, que se tramita en paralelo al anterior aunque por separado, las enmiendas ascienden a 32, la mayoría del Grupo Popular (24), mientras que 7 son del grupo gallego BNG y una del vasco PNV.

En general la mayoría de las enmiendas son de carácter técnico o de redacción para mejorar el contenido de las mismas.

En el caso de las del Grupo Popular destacan enmiendas como la que se refiere a funciones propias de policía, para prestar auxilio y colaboración por parte de los agentes forestales y medioambientales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Propone además en el artículo 11 que la Administración pueda contratar un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera para cubrir indemnizaciones, fianzas y demás cuantías por la exigencia de responsabilidad a los agentes forestales y medioambientales por las actuaciones en el desempeño de sus funciones.

En el caso del BNG, las enmiendas plantean aspectos para mejorar el lenguaje inclusivo, y se refieren además a temas competenciales, coeficientes reductores de jubilación anticipada, enfermedades profesionales o tasa de reposición de efectivos en el acceso al empleo publico y promoción profesional.

La enmienda del PNV insta a considerar agresiones y desobediencia a los agentes de la autoridad cuando se cometan contra los empleados públicos y otro personal que sin ser funcionarios públicos desarrollen las funciones a que se refiere esta ley, en cooperación y bajo la dirección de agentes forestales y medioambientales.

Según ha explicado hoy a EFE el delegado nacional de Medioambiente del sindicato CSIF, Agustín Argulo, hubiera sido positivo que las normas hubieran pasado rápido por el Senado sin enmiendas, porque ralentizan el proceso hasta la aprobación final en las Cortes.

El PP tiene amplia mayoría en el Senado y sus enmiendas saldrán adelante, pero el desenlace se prevé distinto cuando los textos regresen de nuevo al Congreso para su ratificación final porque el reparto de fuerzas es otro muy distinto.

Aunque siempre se podría haber hecho más para que los textos de los proyectos de ley fueran más ambiciosos, los sindicatos están satisfechos aunque es cierto que «han quedado aspectos en el tintero», según el representante del CSIF.

UGT, CCOO y CSIF han manifestado estos días a los parlamentarios «el largo camino que llevan» recorrido para impulsar un marco regulador para los profesionales a los que representan, que homogeneice la profesión y por tanto al colectivo dentro del territorio nacional.

La normativa actualmente en trámite parlamentario en el Senado es de carácter básico pero recoge aspectos fundamentales para la regulación de esas profesiones, como la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación y la definición de modo más claro de estos colectivos como personal vinculado a las emergencias y la normativa del sistema nacional de Protección civil.

Asimismo mejora la definición de las competencias profesionales y aboga por la aplicación plena de la ley de prevención de riesgos laborales o la adopción de medidas de igualdad de género en la regulación de la profesión.