Madrid, 7 feb (EFE).- Las prácticas agrícolas tradicionales que se realizan entre enero y abril en las que se usa el fuego para la ampliación de zonas de pasto y quemas agrícolas, debe hacerse ahora de «forma controlada» para evitar la propagación de las llamas, porque en el contexto climático actual «no se puede quemar como antes».
Es una advertencia que podría ser baladí, pero en Cantabria se han registrado en el mes de enero 84 incendios forestales, y en lo que va de febrero son ya más de 20 fuegos, según datos del Gobierno de esa región autónoma.
En Castilla y León, el incendio en Espinosa de los Monteros (Burgos), se encuentra estabilizado, pero no controlado, tras expandirse en una zona escarpada, de difícil acceso, pero donde el fuego se había avivado por la sequía y las heladas, que han secado el suelo en el pico Castro Valnera y ha traspasado a Cantabria.
En un contexto de emergencia climática como el actual, «no se puede quemar como antes», porque cualquier foco, cualquier quema se puede descontrolar y generar un incendio de «alta intensidad», advierte la portavoz de Greenpeace Mónica Parrilla.
Hasta hace unos años, los incendios forestales se asociaban a la sequía del verano, sin embargo, según una investigación reciente, en las últimas décadas la atmósfera en toda Europa es «notablemente más seca» en comparación con la era preindustrial.
El estudio publicado en Nature Geoscience, liderado por el Instituto Federal Suizo de Investigación sobre Bosques, Nieve y Paisaje (WSL), con la participación de la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones (Creaf), revela que detrás del deterioro y desecación del suelo están las actividades del hombre.
Según los autores, una atmósfera más seca «puede agravar las sequías hidrológicas y agrícolas o aumentar aún más los riesgos de incendios forestales», entre otros impactos.
En relación a la comunidad autónoma de Cantabria, Parrilla explica, que los incendios en esta época del año presentan una «estacionalidad muy clara» entre enero y abril, se pueden extender de septiembre a octubre y como máximo a diciembre, y coinciden con el calendario tradicional de prácticas agrícolas, en las que se utiliza el fuego para la ampliación de la superficie de pasto y quemas agrícolas.
Esas prácticas con el fuego en Cantabria, sobre todo en la zona de Vega del Pas, tienen una «realidad muy particular y van a estar siempre asociadas a las condiciones óptimas del viento del sur».
No obstante, advierte de que en el estado actual de los suelos, cuando las precipitaciones han sido más bien escasas, cualquier foco, cualquier quema «se descontrola y genera un incendio de alta intensidad».
Sin embargo, llama a no poner «todo el foco de la responsabilidad exclusivamente en la población», porque es necesario prevenir esas igniciones y «quemar solo cuando sean quemas autorizadas» y advierte que el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone estos días en riesgo muy alto de incendio a Asturias y Cantabria.
El tema de los incendios forestales es «muy complejo», asegura, porque, por un lado, hay que reducir la siniestralidad, es decir, el uso intencionado del fuego, «que más allá de hablar de terrorismo, se trata de un uso cultural para gestionar ecosistemas y que cada vez es más limitado porque hay más días de riesgo de incendio».
Por otro lado, es importante buscar soluciones en la gestión del territorio porque están las masas forestales que sufren las olas de calor y las sequías, con lo cual son más susceptibles a arder, por lo tanto, es necesario abordar diferentes soluciones pero «siempre tomando en cuanta a la población».
La utilización del fuego para gestionar los territorios es necesaria, pero debe hacerse de forma controlada, y «la clave está en la prevención», insiste.
Porque es necesario mantener las masas forestales, pero cumpliendo la planificación, con la Ley de Montes, con los planes preventivos o la regulación básica de emergencia local, pero, subraya, para todo esto se necesitan medios económicos y humanos para hacerse efectivos.
Recuerda que la lucha contra incendios son competencia autonómica y existe mucha disparidad de normativa.
