Moscú, 27 feb (EFE).- El veterano activista ruso Oleg Orlov, condenado hoy a 2,5 años de cárcel por desprestigiar al Ejército, es uno de los dirigentes de la organización Memorial, Nobel de la Paz en 2022, que mantiene viva la defensa de los derechos humanos en este país pese a su ilegalización en 2021.
«Nos acusan de desprestigio, sin explicar de qué se trata y en qué se diferencia de la crítica legítima. Nos acusan de difundir intencionadamente información falsa sin molestarse en demostrar su falsedad», dijo Orlov, de 70 años, que se identificó con el personaje de «El Proceso» de Franz Kafka.
Memorial relaciona su persecución con el intento del Kremlin de borrar toda huella de los crímenes cometidos durante la URSS, pero también los perpetrados desde 1991, con el fin de otorgar inmunidad histórica al principal culpable: el Estado ruso.
La voz de las víctimas del Estalinismo
La prestigiosa organización, cofundada por Orlov, se ha dedicado los últimos 30 años a investigar tanto las represiones políticas soviéticas hasta 1991 como a denunciar los abusos de los derechos humanos en Rusia desde la caída de la URSS.
Creada cuando aún la Unión Soviética no había desaparecido, Memorial contó entre los miembros de su consejo fundador (en 1987) con Andréi Sájarov, Premio Nobel de la Paz en 1975, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país.
Desde un principio, Memorial hizo hincapié en la rehabilitación y defensa de las víctimas del estalinismo, para lo que creó una base de datos de represaliados, que puede ser consultada por cualquier interesado.
Memorial logró que incluso antes de la caída de la URSS se aprobara una ley sobre la rehabilitación de las víctimas de la represión política, de la que se han beneficiado desde entonces cientos de miles de personas.
Además, gracias a sus esfuerzos se instaló frente al edificio del KGB en la plaza de Lubianka un monumento en recuerdo a las víctimas del GULAG, la red de campos de trabajo.
Esa roca, que fue traída expresamente desde el archipiélago de Solovkí, considerado el primer GULAG de la historia, estuvo durante nueve meses junto a la estatua del fundador del KGB, Félix Dzerzhinski, que sería finalmente retirada en 1991.
Archivo de memoria histórica
Ya en el siglo XXI esta organización creó un archivo que incluye a todos aquellos que combatieron en las filas del Ejército ruso, cuyo objetivo es que los familiares de los veteranos conozcan la suerte de los caídos o desaparecidos en combate.
Sus historiadores han investigado asuntos muy sensibles para las autoridades, como la matanza de más de 20.000 oficiales polacos en Katyn, que fue negada durante décadas por el Kremlin, para lo que han exigido la desclasificación de los documentos secretos.
La ONG organizó también una conferencia internacional sobre el diplomático sueco Raoul Wallenberg, secuestrado por el KGB tras salvar la vida de 50.000 judíos en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial y que, supuestamente, murió en Moscú en 1947.
Memorial se dedica a denunciar los abusos de las autoridades en todo el territorio nacional, pero también en Ucrania, Kazajistán y Georgia, entre otros países, además de las violaciones de las leyes humanitarias durante los conflictos.
Crítico con el autoritarismo de Putin
Defensor del Estado de derecho en Rusia frente al retorno del totalitarismo, ha sido muy crítico con las tendencias autoritarias en el Kremlin, especialmente desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, regresara al Kremlin en 2012.
«Tenemos un pasado muy complicado, pero el presente no lo es menos», señaló a EFE uno de sus dirigentes, Alexandr Cherkásov.
Las críticas sobre la situación en Chechenia costaron la vida a la directora de su filial en Grozni, Elena Estemírova, que fue asesinada en 2009, crimen del que muchos acusan directamente al líder chechén, Ramzán Kadírov.
El asesinato obligó a Memorial a cerrar sus oficinas en Chechenia, donde Kadírov ha instaurado un estado policial donde son moneda común las represalias y secuestros, según sus críticos.
Proscripción y guerra
Sus activistas participaron en las protestas antigubernamentales contra el fraude oficialista que estallaron tras las elecciones legislativas de diciembre de 2011, las mayores desde la caída de la URSS.
En 2016 fue catalogada de «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia por realizar actividades políticas con financiación extranjera. Orlov fue incluido en dicha lista a principios de febrero.
En diciembre de 2021 los tribunales rusos liquidaron tanto Memorial Internacional como el Centro de Derechos Humanos Memorial por crear una «imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista».
Memorial, algunos de cuyos dirigentes se han exiliado, pero que sigue funcionando, condenó la llamada «operación militar especial» lanzada en febrero de 2022, críticas que hoy le costaron a Orlov una pena de cárcel.