El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantienen este miércoles un encuentro en el Palacio de la Moncloa para buscar soluciones a la situación de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma y cuya repatriación ha sido paralizada cautelarmente.
Una vez que la crisis diplomática con Marruecos se ha reconducido, el pasado 13 de agosto comenzó un proceso de repatriación de parte de estos menores, pero actualmente está envuelto en varios procedimientos judiciales y de momento está paralizado hasta que haya una resolución definitiva en los tribunales.
Según fuentes del gobierno ceutí, Vivas acude a la Moncloa para «abordar de urgencia la insostenible situación» tras la última resolución judicial, en concreto la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta que mantiene la suspensión cautelar urgente de la repatriación de nueve menores migrantes que fue solicitada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes.
La asociación, junto con la Fundación Raíces, pidió el 16 de agosto la suspensión de la devolución de 12 menores, pero tres de ellos ya estaban en Marruecos, de forma que la jueza acordó que se suspendiera el procedimiento para los nueve que no llegaron a cruzar la frontera, y ahora ratifica esa decisión.
Preguntado si cree que la reunión de Sánchez y Vivas supone que se le desautoriza, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido que su departamento «no es el competente ni para la tutela ni tampoco para resolver o decidir sobre ningún retorno asistido».
«Así que difícilmente puedo sentirme desautorizado», ha añadido el ministro antes de dejar claro que el Gobierno «acata y cumple» las resoluciones judiciales. «Faltaría más», he enfatizado.
En el auto queda recogido que no consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites que exige la Ley de Extranjería, resaltándose que no se ha aportado información alguna de los menores afectados, ni tampoco a las instituciones pertinentes, de forma se que se pudiera conocer los datos que han determinado la repatriación.
La Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en el proceso, había alegado que ante la «situación excepcional» por la llegada 1.097 menores, se aplicó el acuerdo hispano-marroquí bajo el paraguas de la ley de Extranjería, que en su artículo 35 dice que «el Gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados».
Sin embargo, las organizaciones que recurrieron las devoluciones han subrayado que «el auto reconoce que ni el marco normativo de protección a la infancia ni los derechos de los niños y niñas admiten excepciones».
Pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cree, por el contrario, que el auto «no niega la posibilidad de hacer» las repatriaciones, «simplemente cuestiona» el procedimiento, mientras que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha adelantado que, en cualquier caso, «si la Justicia observara que hay que atender algún matiz» el Ejecutivo lo tendría en cuenta.
A su juicio, «lo importante es reunir a los menores» con sus familias, y más ahora que se inicia el curso escolar.
«Llegaron en mayo a la ciudad, y aquí están en una situación de manifiesta precariedad, porque hay algunos de ellos que están viviendo en asentamientos inadecuados, sin techos, en ocasiones en una situación infrahumana», explicó la semana pasada el presidente de Ceuta.
Fuente: © EFE 2021
