Lima, 10 mar (EFE).- La congresista peruana Noelia Herrera, del partido ultraderechista Renovación Popular, presentó este viernes un proyecto de ley para que solo periodistas con título y colegiados puedan ejercer la profesión en el país, a fin de «terminar con el sicariato mediático sin ética profesional».
«Pretendemos con esta iniciativa terminar con el sicariato mediático sin ética profesional. Un contador sin título no es un contador, un ingeniero sin título no es un ingeniero, un abogado sin título no es abogado y así un interminable etc», publicó la legisladora en su cuenta oficial de Twitter.
El proyecto de ley, que se encuentra en la Comisión de Educación del Parlamento para ser debatida, busca «crear un entorno que favorezca la profesionalización de los medios de comunicación con la participación de periodistas titulados».
Según el documento, la propuesta también pretende «facilitar la incorporación en sus respectivos colegios profesionales y permitir el auto control de la ética en el desarrollo de sus labores».
La iniciativa legislativa plantea, en esa línea, eliminar la no obligatoriedad de integrar el Colegio de Periodistas del Perú y, por eso, atentaría contra la libertad de prensa, según denunció en un comunicado el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).
De ser aprobada la propuesta, la norma colocaría al Estado en «flagrante situación de contravención» con los tratados internacionales, alertó en la nota el abogado experto en libertad de expresión y asesor jurídico del Ipys, Roberto Pereira.
«Se trata de un proyecto de ley frontalmente contrario al libre ejercicio del periodismo definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la Opinión Consultiva OC 5-85, donde califica a la exigencia de colegiación o titulación académica para el ejercicio del periodismo como contrario a la libertad de expresión reconocida en el artículo 13 de la Convención Americana», sostuvo el experto.
La semana pasada, el Gobierno peruano prepublicó un protocolo para la cobertura periodística de las protestas que azotan al país andino que hizo saltar las alarmas de gremios periodísticos que consideran que el texto es potencialmente «atentatorio contra la libertad de expresión».
El denominado «Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público» fue puesto bajo consulta ciudadana por el Ministerio del Interior el 28 de febrero pasado, en medio de la ola de protestas antigubernamentales que se cobró la vida de 76 personas desde diciembre.
De inmediato, varios gremios periodísticos salieron a rechazar la propuesta. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) cuestionó que el texto fuera «elaborado de forma exprés», con «serios problemas de fondo y forma».
Más radical fue el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que pidió archivarlo de «inmediato» al considerarlo una «intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia periodística» que, además, establece una relación «de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa».
Esto último porque el protocolo indica que la Policía debe indicar a los periodistas la «ubicación adecuada» para la cobertura en escenarios de violencia y advierte que, de no atender a los agentes, cualquier consecuencia «será bajo su responsabilidad», lo que, en la práctica, se percibe como un control policial de la cobertura periodística.
