Madrid, 27 sep (EFE).- El sindicato policial SUP ha denunciado que varios ciudadanos marroquíes han intentado acceder a España en las últimas semanas haciendo un uso fraudulento del derecho al asilo, manifestando que son saharauis, y ha pedido imponer un visado de tránsito a estos viajeros para evitarlo.
Fuentes del SUP han señalado a EFE que, de esta forma, se evitaría que estas personas cojan un vuelo con destino a otros países para los que no necesitan visado, como Cuba, y aprovechen la escala para pedir asilo en el aeropuerto madrileño.
Desde el sindicato explican que en las últimas semanas han llegado al aeropuerto varios ciudadanos marroquíes que, a su llegada, han manifestado ser saharauis, «lo cual no necesariamente hace que lo sean, ni tienen necesariamente que ser perseguidos por Marruecos».
Han defendido la labor de los policías que realizan las entrevistas a los solicitantes en Barajas y demás trabajadores que resuelven acerca de su concesión. «Son profesionales que siguen protocolos de actuación previamente marcados y que verifican si se cumplen o no una serie de parámetros», han argumentado.
El SUP ha cuestionado que algunos de estos ciudadanos, al ver denegada su solicitud, hayan iniciado una huelga de hambre, lo que interpretan como una medida de «presión mediática», un intento de coacción y manipulación y un «retorcimiento de la ley», al que se han sumaron «ciertos personajes políticos».
Se han referido así al intento de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, de entrar a las salas de asilo de Barajas para visitar a los solicitantes, acceso que le fue denegado. Está previsto que este viernes acudan al aeropuerto con el mismo objetivo las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra.
Para evitar lo que este sindicato considera un uso fraudulento del derecho al asilo para entrar de forma irregular en España, el SUP exige que se imponga un visado de tránsito a todos los ciudadanos marroquíes y egipcios que necesiten hacer escala en el país.
Esta medida se ha impuesto en el último año a países como Kenia, Senegal, Sudán, Chad o República Centroafricana, y ha sido muy criticada por entidades sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que defiende que, en la práctica, impide el acceso al derecho al asilo de las personas que huyen de guerras y persecuciones en sus países. EFE
lll/mcm
