Madrid, 14 dic (EFE).- ¿La conservación de hábitats y de paisajes son objetivos compatibles con las renovables a gran escala? El despliegue masivo de ese tipo de energías para descarbonizar el mundo debe efectuarse «de forma planificada y respetuosa con la biodiversidad y el territorio» para evitar efectos adversos.

Así se destaca en el informe «La planificación para el despliegue ordenado de renovables en España: análisis de casos», con recomendaciones y prioridades para el proceso, divulgado hoy por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), coincidiendo con el final de la cumbre climática mundial COP28 celebrada en Dubái.

En dicha cumbre uno de los compromisos acordados ha sido triplicar la producción mundial de energías renovables para 2030, como paso indiscutible para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, y reducir las emisiones de CO2, como principales causantes del efecto invernadero y el cambio climático.

Objetivos como la planificación territorial, la participación pública y la repotenciación de las renovables existentes son «claves» para un futuro energético sostenible, según el informe publicado por IIDMA.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha analizado los recientes instrumentos normativos para abordar la transición energética a nivel nacional y autonómico, con la identificación de «buenas prácticas» en la implantación de renovables, así como posibles retrasos y prioridades de acción.

La reciente revisión de la directiva sobre fuentes de Energía Renovable, conocida como RED III, pone de manifiesto «la importancia de los instrumentos de planificación y participación», mediante la identificación de zonas de aceleración de renovables para facilitar un despliegue planificado y respetuoso con la biodiversidad y el territorio.

Así lo explica Ana Barreira, directora del IIDMA, una organización independiente cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible y protección del planeta, mediante el análisis, aplicación y ejecución del Derecho en todas sus vertientes.

Como punto de partida del estudio se han seleccionado las regiones de Galicia, Asturias y las Islas Canarias, por sus diferentes particularidades territoriales a la hora de enfrentar los retos que plantea la transición energética.

Teniendo en cuenta «la importancia del emplazamiento de las infraestructuras» para limitar impactos ambientales y territoriales vinculados a la implantación de nuevas instalaciones de renovables, el IIDMA considera «primordial» una planificación «vinculante», en línea con lo exigido por la Directiva Red III.

Actualmente la ubicación de los proyectos es seleccionada «casi unilateralmente» por los mismos promotores, «existiendo poco espacio de intervención por parte del público» en este aspecto, según el informe.

Resulta igualmente necesaria la creación de oficinas de ubicación de energías renovables, para canalizar la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

El IIDMA recomienda además la promoción de espacios de diálogo como el Observatorio para la Eólica Marina de Galicia.

El Instituto insta además a «la repotenciación» de las instalaciones de renovables existentes, para aprovechar mejor los recursos que impactan menos en el medioambiente como sustituir los aerogeneradores obsoletos por modelos de última generación capaces de duplicar la energía generada.