Pepi Cardenete
Madrid, 18 may (EFE).- Pocos vestigios quedan en las calles de la covid-19 más allá de alguna que otra mascarilla y numerosas terrazas de hostelería que, especialmente en ciudades como Madrid, aún ocupan plazas en las que, antes de la pandemia, aparcaban coches.
Un fenómeno, el de las ‘terrazas covid’, que durante la pandemia fue relativamente bien acogido: permitía a los establecimientos abrir las persianas en unos meses en los que la facturación cayó en picado, y ofrecía a los ciudadanos un lugar de ocio tras semanas de encierro y restricciones en los encuentros.
Pasados los meses llegó la polémica: mientras los hosteleros abogaban principalmente por alargar los permisos para mantener sus facturación, vecinos, peatones y conductores pedían su fin, para recuperar espacio para pasear, plazas para aparcar y acabar con el ruido asociado a las mismas.
Pero lo que durante meses fue un intenso debate a nivel municipal, apenas ha asomado en esta campaña a la que se llega con 768 terrazas en Madrid.
En precampaña la vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs para el 28M, Begoña Villacís, puso encima de la mesa su apuesta por que estas terrazas, con fecha de caducidad en aquellos lugares en los que aún se pueden instalar, puedan perdurar en el tiempo al esgrimir que han llegado a la capital para quedarse en ella.
El debate, con todo, fue fugaz, como fugaz es atisbar una mesa libre en cuanto sale un rayo de sol en estas terrazas, infraestructuras históricamente codiciadas por los consumidores en cuanto llega el buen tiempo pero que dan históricos quebraderos de cabeza a los vecinos de aquellos puntos en los que proliferan.
Todos los grupos del Palacio de Cibeles rechazaron el envite de Villacís, desde el PSOE -que llevó a los tribunales la ordenanza- al Grupo Mixto -que hizo posible su aprobación-, pasando por el alcalde y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida.
Villacís, por el contrario, consideraba factible la permanencia de las terrazas en bandas de estacionamiento sin alterar la convivencia con los vecinos, en tanto en cuanto la ordenanza incluye novedades como las zonas saturadas, en las que no se pueden usar plazas de aparcamiento para las terrazas.
UNA NORMATIVA CON LA QUE SE HAN IMPUESTO 1.829 SANCIONES Y SE HAN LEVANTADO 596 TERRAZAS
La ordenanza de terrazas de Madrid databa de 2013 -un par de años después de que se prohibiera fumar en el interior de bares y restaurantes-, por lo que “mucho antes de la pandemia” el texto ya se había quedado “obsoleto”, destacan fuentes del área delegada de Coordinación Territorial del Ayuntamiento.
El texto actualizado entró en vigor el 1 de febrero de 2022, y desde entonces se han impuesto 1.829 sanciones y se han levantado 596 terrazas.
Con la ordenanza desaparecieron unas 2.000 terrazas ampliadas por la covid, y se estipuló el 31 de diciembre de 2023 como fecha de caducidad de las terrazas en plazas de coches en zonas no saturadas.
Aunque la nueva normativa también consagró otros tipos de terrazas que nacieron al albur de la pandemia para hacer frente a las restricciones de consumición en el interior de los locales que marcaron los primeros pasos de la desescalada tras el inicial estado de alarma.
De este modo, hay nuevos lugares en los que se pueden disponer terrazas -en zonas terrizas, por ejemplo, o en esquinas siempre y cuando sean mesas y sillas sin elementos que impidan la visibilidad, como las sombrillas-, y nuevas modalidades para consumir en el exterior, como las mesas de baja ocupación, esto es, dos taburetes que no pueden estar adosados a fachadas.
Además de las zonas saturadas, de las que se han determinado hasta el momento 37 en Madrid -especialmente en el Centro-, la ordenanza dio paso también a los conocidos como planes de ordenación conjunta, es decir, zonas en las que, por determinadas circunstancias, como tener singulares valores históricos o paisajísticos o ser plazas, se puede reducir el número de terrazas y el horario, además de imponer criterios para que el aspecto de las terrazas sea homogéneo.
Actualmente hay siete planes de ordenación conjunta en lugares como la plaza de la Paja (Centro) o la avenida de Felipe II y la plaza de Salvador Dalí (Salamanca), y hay otros tantos en estudio.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LAS TERRAZAS EN OTROS PUNTOS DE ESPAÑA?
Mientras que en Euskadi no ha habido especial polémica con las terrazas que se permitieron en las calzadas durante la pandemia -hubo un plazo flexible para retirarlas-, en Cantabria comenzó un ligero conflicto, meses después de la pandemia, cuando los vecinos de diversas localidades comenzaron a expresar sus quejas porque las terrazas ampliadas para cumplir las restricciones de aforo de la covid no volvieron a su estado inicial.
La organización Cantabria con Bici, que fomenta la movilidad, ha presentado diversas quejas a las administraciones para denunciar que muchas terrazas ocupan las aceras y no permiten el paso a peatones ni bicicletas; pero por parte de las administraciones solo ha habido una petición a los hosteleros a que cumplan la normativa, y algunas denuncias -en el caso de Santander casi diarias-, pero ninguna otra medida coercitiva.
En Barcelona, donde el conflicto de las terrazas se arrastra desde la prohibición de fumar en interiores, la política del ayuntamiento fue, hasta la pandemia, ser restrictivo a la hora de otorgar licencias de terrazas y subir las tasas que se pagan por usar la calle.
Pero con la covid, y para evitar la pérdida de empleos, se redujo el precio y se otorgaron de 3.668 terrazas excepcionales temporales, la mitad ocupando espacio de aparcamiento en calzada.
De estas terrazas temporales de la covid se han acabado consolidando 1.131 –574 en calzada y 557 en acera–, de las 474 no existían antes de la pandemia y 657 son ampliaciones.
Con la finalización del proceso de consolidación, Barcelona tiene 6.375 terrazas permanentes –29.858 mesas y 114.056 sillas–, a las que se hacen inspecciones para comprobar que cumplen la normativa.
Por su parte, la última ordenanza municipal sobre terrazas introduce en Murcia el concepto ‘derecho colectivo al paisaje urbano’ en espacios históricos y catalogados que albergan bienes de interés cultural, paisajístico o artístico.
En los casos en los que la instalación de las mesas y sillas pueda afectar a un bien catalogado o de interés cultural (BIC), la autorización fijará las medidas correctoras que deben adoptarse, pudiendo denegarse la solicitud.
En Málaga la ocupación de la vía pública por las terrazas de los bares suscita con frecuencia en algunas zonas quejas de vecinos y algunos partidos políticos, aunque desde la Asociación de Hosteleros (Mahos) consideran que se trata de situaciones puntuales y abogan por el cumplimiento de la normativa.
Las ordenanzas municipales al respecto se mantienen desde hace tiempo, según el ayuntamiento, que sanciona las ocupaciones indebidas del espacio público.
