Sevilla, 13 jul (EFE),- El juicio en el que la Junta de Andalucía reclama casi 90 millones de euros a la empresa sueca Boliden por los daños ocasionados en el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en abril de 1998 llega a su ultima jornada con un último testigo y las conclusiones de la acusación y la defensa.
El juicio, que se celebra desde el pasado 4 de julio en el juzgado de lo civil 11 de Sevilla, se ha reanudado pasadas las 9.15 horas con la comparecencia de la perito Regina Rodríguez, propuesta por los abogados de Boliden.
En las tres jornadas celebradas han comparecido nueve testigos de la acusación de la Junta de Andalucía y un perito de la empresa Ernst&Young, que cifró en 115 millones de euros el gasto de Boliden como consecuencia del vertido.
La Junta reclama a las empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV) un total de 89.867.545 euros con el argumento de que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno del Parque de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, sin que la empresa aportara fondos en la restauración de la zona.
El juicio, que preside el magistrado José Manuel Martínez, ha conocido el testimonio de numerosos extécnicos de la Junta, quienes han seguido la línea de la acusación de que «todas» las actuaciones de la Junta fueron motivadas por el vertido, pese a la percepción de la empresa de que se infla el coste.
La Junta defiende que lo primero que se hizo tras el vertido fue retirar los lodos procedentes de la mina en los terrenos afectados y devolverlos a sus propietarios para que continuaran con su actividad agrícola pero, una vez comprobado que «no era posible» que la contaminación desapareciera totalmente, se decidió la restauración.
La línea argumental de la defensa de Boliden, representada por los abogados del bufete Uría y Menéndez, se basa en que la Junta ya tenía programada antes del vertido la creación del Corredor Verde, con el objetivo de engordar la factura a la empresa que, según asegura, invirtió más de 80 millones en la limpieza.
