Moscú, 29 mar (EFE).- La ofensiva de las autoridades rusas contra la oposición en 2021 condujo a un deterioro considerable de los derechos humanos en el país, denunció hoy Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual, al constatar graves violaciones de las libertades fundamentales y un incremento de la represión en Rusia.
«Las reuniones públicas organizadas por la oposición política estaban prohibidas casi en su totalidad», afirmó la ONG, al señalar que «se violaron de forma habitual los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica».
En muchos casos, según AI, se utilizó como excusa la pandemia de la covid-19 para imponer estas restricciones a los oponentes del Kremlin.
La ONG denunció en particular el amplio uso de las leyes sobre «agentes extranjeros», aprobada en 2017 y considerablemente recrudecida en 2021, y sobre «organizaciones indeseables», aprobada en 2018, «junto con enjuiciamientos por cargos falsos y otras formas de presión para reprimir la disidencia».
En 2021 «se perpetraron con impunidad amenazas y ataques contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos» y «se intensificó la persecución a miembros de Testigos de Jehová».
«La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los lugares de detención y el enjuiciamiento de sus autores, muy poco habitual», añadió AI, al denunciar casos de desapariciones forzadas en Chechenia, república rusa célebre por su homofobia y dirigida con mano dura por Ramzán Kadírov.
AI destacó el «número sin precedentes de arrestos multitudinarios y arbitrarios y de enjuiciamientos administrativos y penales por cargos falsos» durante las concentraciones de apoyo al líder opositor ruso Alexéi Navalni, que sacudieron al país a principios de 2021.
«En Moscú se utilizaron tecnologías de reconocimiento facial, según informes, para identificar y amonestar a manifestantes pacíficos. La policía gozó de impunidad por usar ilegalmente la fuerza —incluidas armas paralizantes— contra manifestantes pacíficos», señaló.
Recordó que las personas detenidas durante las concentraciones «denunciaron condiciones inhumanas y degradantes bajo custodia que incluían hacinamiento extremo», mientras que en otros procesos se dieron casos de torturas, violaciones, secuestros, sin que los responsables de estos abusos de poder fueran enjuiciados.
El propio Navalni fue condenado a 32 meses de prisión «en un juicio de motivación política por incumplir los términos de su libertad condicional en relación con un proceso contra él de 2014 por cargos infundados».
Tras ser encarcelado, el opositor ruso «denunció trato inhumano y degradante, incluida la negación de asistencia médica esencial».
No conformes con esto, las autoridades rusas arreciaron la ofensiva contra su movimiento, declarado «extremista» e ilegalizado.
«Rusia desoyó un llamamiento del Consejo de Europa para que liberara a Navalni y anulara sus sentencias condenatorias. En lugar de eso, las autoridades anunciaron en octubre otras cinco causas penales contra él y sus socios», afirmó.
Además, AI cuestionó a las autoridades rusas de no abordar temas importantes como la violencia de género en el ámbito familiar mientras apretaba las tuercas a la oposición.
Todo ello en un contexto de corrupción generalizada, un sistema sanitario deficiente, polémicas medidas contra la pandemia como las vacunaciones obligatorias para el personal de determinados sectores, los «días no trabajados» pagados por las empresas e incendios sin precedentes en Siberia y el Lejano Oriente de Rusia.
