Móstoles, 30 mar (EFE).- El Consejo Social de la Ciudad de Móstoles ha emitido un informe favorable al proyecto presentado por el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, para la modificación de la ordenanza que regula el impuesto sobre la ‘plusvalía’ y su adaptación a la nueva legislación.
La modificación se produce después de que el Real Decreto-ley 26/2021 de 8 de noviembre aprobado por el Gobierno central establezca que los ayuntamientos que tienen el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (llamado ‘plusvalía’) ajusten las ordenanzas fiscales a su contenido.
El Real Decreto-ley permite dos nuevos métodos de cálculo de la base imponible del impuesto, que «el ciudadano podrá elegir en función de cuál le beneficie más», y «exime del pago de la plusvalía en aquellos casos en los que el precio de compra del inmueble sea inferior al de venta».
«Esto permitirá que la determinación del impuesto refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario», insisten desde el Ayuntamiento, que llevarán al Pleno municipal del 6 de abril la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal que regula la plusvalía.
El Consejo Social de Móstoles es un órgano de participación ciudadana que preside la alcaldesa, Noelia Posse, y está formado por representantes de todos los grupos políticos, de organizaciones empresariales y comerciantes, sindicatos, y representantes del mundo de la educación y la cultura y las Juntas de Distrito.
Su principal función es debatir y crear propuestas que ayuden a mejorar la vida de las mostoleñas y mostoleños, aunque sus dictámenes son preceptivos y no vinculantes.
El Consejo de Ministros aprobó en noviembre pasado el Real Decreto-ley con el que se adapta el llamado impuesto de la ‘plusvalía’ municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional y que establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficio.
De esta manera, los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.
En el caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto, ha explicado la portavoz.
El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión y aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.
