Madrid, 20 abr (EFE).- El caso del supuesto espionaje a más de sesenta políticos independentistas a través de un sistema denominado Pegasus, que solo pueden adquirir los gobierno, ha reavivado el debate en el Congreso sobre la comisión parlamentaria que debe dar cuenta de los gastos reservados del Estado y de los secretos oficiales.
Una comisión que lleva dos años sin constituirse por supuestos vetos cruzados entre partidos de la derecha y de la izquierda y que los partidos independentistas piden ahora con urgencia convocar para que puedan dar explicaciones, ministros y dirigentes o exdirigentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre sus operaciones o supuestos espionajes.
ERC, EH Bildu, JxCAT, la CuP y PDeCAT entre otras formaciones registrarán una solicitud para que se constituya ya la Comisión parlamentaria de Control de los créditos destinados a gastos reservados, que es como actualmente se llama esta comisión, que debe estar presidida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Sus integrantes deben ser elegidos por una mayoría de tres quintos del pleno del Congreso, es decir por 210 diputados, en una votación secreta y de acuerdo con la Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados del 11 de mayo de 2004 sobre secretos oficiales, en la comisión solo puede formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso, aunque tradicionalmente suele ser el portavoz del grupo.
Se trata de el único ámbito donde el poder legislativo tiene acceso a la información sobre el gasto gubernamental clasificado, a los secretos oficiales y donde se controla la actividad del CNI.
Las discusiones en el seno de esta comisión son secretas por lo que algunas formaciones políticas muestran reticencias sobre la presencia en ella de determinados partidos políticos.
Los de izquierda afirman que la comisión no se ha constituido por el bloqueo de las formaciones de derecha, que no ven con buenos ojos que participen independentistas en ella, mientras que otras fuentes de la derecha recuerdan que quien debe convocar la constitución de la comisión es la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El reglamento de la Cámara Baja señala que es el pleno del Congreso, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, la que podrá acordar la creación de Comisiones que tengan carácter permanente durante la legislatura.
La Junta de Portavoces debe introducir en un orden del día del pleno la votación para la creación de esta comisión y hasta ahora ningún grupo la ha activado.
«Por nosotros no hay problema. Le corresponde constituir la comisión a la presidenta del Congreso», señalan a EFE fuentes del PP mientras que desde el PSOE achacan el bloque a vetos entre la derecha y Unidas Podemos, ERC y Bildu.
Los socialistas señalan que su formación está de acuerdo en conformar la comisión «desde hace mucho tiempo y con la misma representación que la Comisión Constitucional», al tiempo que Unidas Podemos cree que son PP, Vox y Ciudadanos los que paralizan la comisión porque no quieren que estén presentes los partidos independentistas.
«Para Unidas Podemos no es plato de buen gusto que haya representantes de Vox, pero es el reglamento del Congreso. Tras el escándalo de ‘Pegasus’ y las cloacas es un problema democrático que no se constituya esta comisión», afirman desde la formación morada.
«Es un sin sentido que los servicios de inteligencia españoles trabajen durante años sin ningún tipo de control parlamentario», advierten también fuentes de EH Bildu a EFE tras confirmar que se unirán todos los partidos independentistas para activar su creación.
El PNV reclama los trabajos de esta comisión más allá de que se haya conocido esta supuesta operación de espionaje y recuerda que ha criticado en múltiples ocasiones su ausencia y que incluso le han trasladado este malestar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
«Nos parece una anomalía, tendrán que dar explicaciones quienes lo están bloqueando», advierten fuentes del partido nacionalista vasco mientras que Bildu avisa de que dos años sin esta comisión supone incumplir el reglamento.
«No se ha hecho ningún intento de constituirse», recalca un diputado del grupo parlamentario de los independentistas vascos.
Y es que la antigua Comisión de Secretos Oficiales, hoy Comisión de control de créditos destinados a gastos reservados, fue creada en 1995 para controlar los «fondos reservados» que incluyen cada año los Presupuestos Generales del Estado, pero en 2002 se amplió su trabajo para dar cuenta de toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles.
No obstante, esta comisión del Congreso no llegó a estar activa hasta 2004, y su última disolución fue el 5 de marzo de 2019.
La última vez que se constituyó fue en la XII Legislatura (2016-2019) cuando estuvo presidida por la expresidenta del Congreso Ana Pastor, e integrada por los diputados Adriana Lastra (PSOE), Dolors Montserrat (PP), Irene Montero (Unidas Podemos), Juan Carlos Girauta (Cs), Aitor Esteban (PNV), Joan Tardá (ERC) y Jordi Xuclá (PDeCAT).
