Almeida ofrece su apoyo al aeropuerto de Barajas para ayudar a las personas que viven allí

El presidente de Aragón, Jorge Azcón acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida a su llegada a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum este miércoles en el Casino de Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 19 feb (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que las “decenas” de querellas interpuestas contra la Comunidad de Madrid por las muertes en residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus han sido archivadas.

El regidor lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanzara el martes en la Comisión de Justicia del Senado que se están revisado uno a uno los más de 100 casos comprendidos en la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas por el trato recibido en residencias de mayores de la región madrileña durante la pandemia de covid-19.

“Respecto a la investigación en residencias, mire: han sido decenas las querellas que se han puesto contra la Comunidad de Madrid y todas han sido archivadas”, ha valorado Almeida acerca de las palabras de García Ortiz.

Más allá de ello, y en alusión a la investigación a García Ortiz por presunta revelación de secretos en relación a la causa abierta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, Almeida ha apuntado que, en su opinión, el fiscal general del Estado tuvo ayer la “desvergüenza” de decir en el Senado que “borró los mensajes” de su móvil “porque afectan a su privacidad”.

“¿Qué quiere decir que afectan a su privacidad? Esos mensajes pueden ser la prueba constitutiva de la comisión de un delito, y el fiscal general del Estado no puede aducir que los borra porque pueden afectar a su privacidad”, ha terciado Almeida, preguntándose “qué es esto de tomarse la justicia preventiva por su mano”.

El alcalde del PP ha insistido en que lo que le llamó la “atención” de la comisión del martes es que “el fiscal general del Estado se permite reivindicar el borrado de pruebas de un eventual delito”, algo que es “gravísimo”.