Sevilla, 16 feb (EFE).- La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que la Junta tiene en marcha todas las obras contempladas en su decreto de sequía, que aprobó en junio de 2021, y tiene previsto finalizarlas a lo largo de este año con una inversión movilizada de 17,8 millones.
En comisión parlamentaria para informar de la situación de la sequía en Andalucía, Crespo ha reprochado al gobierno central que no haya prácticamente ninguna obra competencia del Estado dado que la cuenca del Guadalquivir la gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y cubre más del 60 por ciento del territorio andaluz, mientras que ha afirmado que la Junta «se ha adelantado y ya tiene en marcha todas las recogidas en el decreto de sequía».
Crespo ha expuesto que cada diez años hay un período de sequía en Andalucía y el actual comenzó a finales de 2018 y prolonga hasta ahora, por lo que las reserva hídricas están al 36 % en las cuencas intracomunitarias, que gestiona la Junta y cubren aproximadamente un tercio del territorio, y al 28 % en la del Guadalquivir, ya que las precipitaciones son inferiores en un cuarenta por ciento a la media histórica.
Ante este panorama la consejera ha resaltado que la Junta ha actuado a tiempo y ha acusado al gobierno central de «haberse quedado noquedado cuando la Junta tuvo que devolver las competencias del Guadalquivir al Ministerio de Medio Ambiente y no haber hecho nada en mucho tiempo para prevenir la sequía».
Según la consejera, cuatro comarcas andaluzas se encuentra en situación de sequía excepcional -Campo Gibraltar, Barbate, Cuevas de Almanzora y Viñuelas-Axarquía- y precisamente en esas zonas se está actuando en aumentar los trasvases, en mejorar las estaciones de bombeo, en pozos y en ampliar desaladoras, entre otras actuaciones.
Sin embargo, la consejera ha pedido al gobierno central que ponga en marcha obras de su competencia como la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre, las ampliaciones de las desaladora de Carboneras y Marbella y la presa de Rules o Siles, entre otras muchas.
También ha reclamado al Ministerio de Agricultura que se constituya una mesa nacional de sequía para adoptar medidas de reducción fiscal del 50 % del IRPF para todos los sectores agrícolas y ganaderos, así como ayudas para agricultores y ganaderos con las que paliar los graves efectos de la sequía en la rentabilidad de las explotaciones.
La portavoz del grupo socialista, Mercedes Gámez, ha censurado la «demagogia» de la Junta por dedicarse «solo a pedir» al gobierno cuando está en su mano hacer un reglamento del ciclo integral del agua para su su planificación, en colaboración con los ayuntamientos, y no lo ha hecho, a pesar de que «se podría conseguir mucho ahorro» .
Por ello, ha exigido al ejecutivo andaluz que «no se olvide de sus competencias» y que disponga de los fondos propios de su presupuesto para aplicar medidas extraordinarias de apoyo al sector primario por la sequía y también con los ayuntamientos.
Por parte de Unidas Podemos, Carmen Barranco, ha sostenido que la escasez de agua no es por falta de lluvias sino por un mal uso con autorizaciones por parte de la Junta de regadíos ilegales en Doñana y con un sobreconsuno por cultivos superintensivos, como el olivar, entre otros motivos, y ha augurado que en pocas décadas se producirá una desertificación del territorio si no se aborda una estrategia a largo plazo.
Para el diputado de Vox Eugenio Moltó, la situación es crítica y exige solidaridad regionales entre territorios para hacer trasvases y ayudas fiscales y sociales para los agricultores y ganaderos.
El portavoz del PP, Juan Ramón Carmona, ha emplazado al Gobierno central a que acometas infraestructuras hídricas en Andalucía por ser algunas competencias del Estado ya que hasta ahora «no ha ejecutado nada nada», y ha añadido que «no tiene sentido mirar hacia el cielo a ver si llueve y cuando llueve no hacer nada».
El representante de Ciudadanos, Enrique Moreno, ha reprochado al gobierno central que «todavía no haya aprobado ni el decreto ni un euro para la sequía» cuando dos tercios de la cuenca del Guadalquivir, la más extensa de Andalucía, es de su competencia, y, además, es un problema nacional.