Huelva, 17 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio que más superficie aporta al Parque Nacional de Doñana, ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de «crear un conflicto social entre los pueblos de Doñana y su entorno».
Consideran desde el Consistorio, según han apuntado en un comunicado, que la gestión del Miteco en el reparto de los 70 millones de euros destinados a la zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana en el Acuerdo firmado el pasado 27 de noviembre por la Junta de Andalucía y el Gobierno, ha desencadenado «un conflicto social significativo entre las comunidades locales, marcando un capítulo que pone en riesgo la preservación de este tesoro ecológico».
La decisión de dejar en manos de los propios ayuntamientos la distribución de los fondos, «ha propiciado un enfrentamiento sin igual en la comarca de Doñana, generando críticas contundentes sobre la irresponsabilidad de la actuación del Miteco», han remarcado.
Para el Ayuntamiento de Almonte esta medida, lejos de propiciar la cohesión entre los municipios, «ha desatado una fractura social que se percibe como una amenaza seria para la armonía del entorno».
Asimismo, han apuntado que, según fuentes conservacionistas, la actitud del Miteco «se considera extremadamente negativa para los intereses de Doñana».
Se denuncia que con esta decisión el Ministerio ha intentado «igualar a municipios que son fundamentales para el soporte del Parque Nacional de Doñana, con otros que han sido señalados como los mayores agresores hacia los ecosistemas de la zona».
En opinión del Ayuntamiento de Almonte «la fractura social, exacerbada por la actuación irresponsable del Ministerio, se presenta como un desafío difícil de superar y amenaza con establecer un precedente para el Parque Nacional de Doñana».
Por último, han señalado que ante la gravedad de la situación, «algunos municipios afectados han decidido tomar medidas extraordinarias y han iniciado contactos con las instituciones europeas» para buscar amparo ante lo que consideran «una agresión hacia el Parque Nacional y sus habitantes», elevando el conflicto a un ámbito internacional en un esfuerzo por «salvaguardar la integridad del ecosistema y la calidad de vida de quienes dependen directamente de él».
