«El Ayuntamiento no dispone de vivienda de emergencia social debido a que el Partido Popular liquidó EMGIASA, metiéndola en un concurso voluntario de acreedores», aseguran desde el gobierno municipal
El Ayuntamiento de Alcorcón ruega a la Comunidad de Madrid políticas públicas para garantizar vivienda pública y alternativa habitacional frente a los desahucios.
La corporación local está buscando soluciones ante estas situaciones, sin embargo, recuerda que no dispone de vivienda de emergencia social «debido a que el Partido Popular, bajo el mandato de David Pérez, liquidó la empresa pública de la vivienda, EMGIASA, dilapidando todo el patrimonio que permitía al Ayuntamiento ofrecer alternativas habitacionales y poner en marcha políticas de viviendas en materias de especial importancia para la ciudadanía, como el alquiler».
La calle Praga necesita una solución de la Comunidad de Madrid que concilie
los derechos en materia de vivienda, seguridad y convivencia
Sobre la situación de la Calle Praga, el Ayuntamiento de Alcorcón recuerda que se trata de una situación heredada y cuyas competencias corresponden a la Comunidad de Madrid, a la que instan a buscar una solución que contemple la solución habitacional para las personas afectadas.
El Ayuntamiento solicita la intervención de la Comunidad de Madrid y le recuerda que «la solución debe tener en cuenta el carácter multidimensional de la situación; no basta únicamente con un abordaje en lo relativo a la vivienda (aunque esto es fundamental), sino que también debe garantizarse un abordaje que tenga en cuenta los derechos a la seguridad y la convivencia de las vecinas y vecinos».
Para ello, desde el Ayuntamiento aluden a los informes de policía y bomberos, donde se alerta tanto de la excesiva delictividad, como de la peligrosidad arquitectónica y de mantenimiento de estos inmuebles. Además, recuerda que en ocasiones anteriores se ha reubicado a muchas familias, sin embargo, «la falta de una solución integral por parte de la Comunidad de Madrid no ha evitado que estos inmuebles volvieran a ser ocupados».
A pesar de que desborda su ámbito competencial, el Ayuntamiento destaca que «ha trabajado por encontrar soluciones, siendo prueba de ello el acuerdo alcanzado con la Sareb para reubicar a las familias vulnerables que están siendo atendidas por los Servicios Sociales de la corporación local». En este sentido, ya han sido realojadas varias familias de este bloque y, respecto a lo sucedido el día de hoy, se realojarán a 7 familias afectadas. Desde su limitada capacidad de acción y ámbito competencial, «el Ayuntamiento está poniendo todos los medios disponibles desde todas las áreas involucradas, con el objetivo de velar por los derechos de las vecinas y vecinos de Alcorcón».
Para ello, es importante que la solución sea capaz de identificar y abordar adecuadamente los diferentes casos, prestando especial atención a la protección de las familias que han aceptado la mediación de los servicios sociales del Ayuntamiento.
A pesar de ello, desde la Comunidad de Madrid no ha dado, de momento, ninguna señal de querer abordar este problema. «Tampoco lo hizo el actual Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, cuando ejerció como alcalde durante las dos anteriores legislaturas, donde el problema se cronificó», aseguran.
El Ayuntamiento insta a la Comunidad de Madrid a trabajar en este sentido, destacando el ejemplo del Gobierno de España, que ha legislado y legisla para ofrecer soluciones a casos como este.
La falta de vivienda social: un problema estructural de España y la Comunidad de Madrid
La falta de vivienda social es un problema estructural de España, especialmente grave en la Comunidad de Madrid. España tiene 0,5 viviendas por cada 100 habitantes, muy lejos de otros países europeos como Dinamarca (9,5 por cada 100 habitantes), Austria (10,3 por cada 100 habitantes) o Países Bajos (12,5 por cada 100 habitantes) y también de la media de la Unión Europea (3,8 por cada 100 habitantes).
En el caso de la Comunidad de Madrid la proporción de vivienda social se reduce hasta 0,3 por cada 100 habitantes.
«La liquidación de EMGIASA y la ausencia de políticas para ampliar la vivienda social, ambas responsabilidades del exalcalde y ahora Consejero de Vivienda, David Pérez, nos alejan de aún más de la media europea y nos dejan sin herramientas para enfrentar casos como el anteriormente descrito», denuncian desde el Ayuntamiento.
