Con el objetivo de «defender la libertad y excelencia frente al lastre de la LOSU», la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado esta Ley en el acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que «el reto al que se enfrenta el Gobierno regional este curso académico 2023/24 es la elaboración de una nueva Ley de Universidades, cuya tramitación para llevarla a la Asamblea de Madrid se prevé para finales de este año». Esta ley tiene como objetivo «defender la libertad, promover la excelencia docente e investigadora y paliar las deficiencias y el lastre de la pésima normativa estatal en esta materia con la LOSU –ley orgánica del sistema universitario-«, ha afirmado la Presidenta.
Díaz Ayuso ha comparecido durante su participación en el solemne acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid. Allí, ha explicado que «la legislación nacional plantea, entre otros problemas, un tremendo impacto económico. Según el cálculo de las propias universidades, un sobrecoste de más de 100 millones de euros; y eso contando sólo las universidades públicas de la región. Sin que el Gobierno de España haya ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite, ha afirmado.
«El objetivo es hacer un sistema más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios»
«Esta nueva legislación incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea plurianual y revisable, para transferirles una inversión adecuada y adaptada a sus peculiaridades, que invierta en saber y en talento pero que, además, no deje de impulsar la Universidad como motor de innovación y progreso en estrecha relación con su entorno social económico y productivo. El objetivo es hacer un sistema más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios», continuó explicando.
«Lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad, lo que hace la ley nacional es allanar el camino a la politización de los campus y, con tal fin, se elimina el requisito de ser catedrático para poder optar al cargo y se premia con créditos la pertenencia a cualquier asociación. Y como muestra de los preocupantes tiempos que vivimos, se erosiona gravemente la imprescindible neutralidad ideológica de los claustros”, ha concluido.
La Ley regional de Universidades abordará cuestiones como la nueva normativa de contratación del personal laboral. Para ello, el Ejecutivo Autonómico ha confirmado que ya está trabajando en una comisión que tiene como objetivo «velar por la seguridad jurídica del proceso y contribuir a satisfacer las necesidades docentes».
