Cataluña suma apenas el 4,8 % de las renovables en España, pero empieza a desencallarlas

Imagen de archivo de unas placas solares del primer edificio de la comunidad energética de propietarios pionera de España, en un inmueble situado en la Gran Via de les Corts Catalanes, 469 de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Javier Díaz y Lara Malvesí

Barcelona, 5 may (EFE).- Cataluña suma apenas el 4,84 % de la potencia instalada en renovables en España, con 3.738 MW sobre un total de 77.162 en el conjunto del país, pero la Generalitat ha puesto las bases para empezar a desencallar el parón en renovables de los últimos años.

Esos 3.738 MW -de los cuales 1.922 son de hidráulica, 1.376 de eólica, 324 de solar fotovoltaica y el resto de otros tipos de renovables- la sitúan en la zona media de la clasificación autonómica, en la que lleva anclada muchos años.

Ante estos datos, fuentes de la Generalitat consultadas por EFE esgrimen que el decreto ley de 2021 está permitiendo acelerar el despegue de las renovables, a pesar de que la red de alta tensión de Cataluña está muy condicionada por las nucleares.

Además, la orografía condiciona la implantación de renovables, aseguran estas fuentes, a lo que se añade el frecuente rechazo de grupos ambientalistas a nuevos proyectos ante lo que incluso desde Ecologistes en Acció se subraya en declaraciones a EFE que los perjuicios son menos que las bondades de estos proyectos.

Según se desprende del informe del sistema eléctrico español de 2023, que publica Red Eléctrica, Cataluña era al cierre del año pasado la séptima comunidad autónoma en potencia instalada en renovables.

Cataluña se sitúa a gran distancia de Castilla y León, que lidera la clasificación, con 13.089 MW, o Castilla-La Mancha, con 12.119 MW, si bien estas comunidades, por su extensión y su baja densidad de población, son mucho más propicias para desplegar tecnologías como la fotovoltaica.

Poco peso de las renovables en el mix

En el conjunto de España, la generación renovable creció un 15,1 % en 2023 y logró representar el 50,3 % de la producción eléctrica a nivel nacional.

En cambio, en Cataluña la generación renovable aumentó un 2,2 % en 2023, pero solo supone el 15,7 % del total del mix energético.

No obstante, Cataluña continúa siendo, con 38.267 GWh, la comunidad autónoma con mayor producción de energía eléctrica en 2023, gracias a las centrales nucleares implantadas en la provincia de Tarragona.

Fuentes de la Generalitat han asegurado a EFE que la estructura de la red de alta tensión de Cataluña está muy condicionada por las nucleares, y que este factor y las características territoriales de Cataluña condicionan la implantación de renovables, a diferencia de otros territorios de España con menos densidad de población.

El decreto de 2021, un paso adelante

No obstante, Cataluña ha empezado a desbloquear el parón renovable de los últimos años con el decreto ley que aprobó en 2021 para acelerar el despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas.

Desde la aprobación de ese decreto, se han presentado un total de 512 proyectos con una potencia de 5.978 MW de potencia instalada, de los cuales ya se ha concedido autorización administrativa a 133 de ellos que suman un total de 1.692,80 MW.

En concreto, se ha concedido autorización a 125 proyectos solares con una potencia instalada de 1.430,59 MW y a otros ocho eólicos que suman otros 262,21 MW, según datos de la Generalitat actualizados hasta abril.

Además, la Generalitat ha desbloqueado en esta legislatura 13 proyectos de renovables que suman 134,48 MW, y de estos hay siete proyectos eólicos que suman 104,99 MW, todos ellos anteriores a ese decreto de 2021-, unas instalaciones que ya están en servicio.

También lo están otros seis proyectos solares que suman 29,49 MW, la mayoría de ellos proyectos tramitados durante esta legislatura.

Estas cifras no incluyen, no obstante, los proyectos que tramita directamente el ministerio para la Transición Ecológica, que son los mayores de 50 MW.

Con todas estas cifras, fuentes de la Generalitat subrayan que Cataluña ya ha alcanzado más del 40 % de la potencia renovable prevista para el año 2030 en el llamado Proencat, es decir, en la Prospectiva Energética de Cataluña que elabora la Generalitat, y resaltan el tirón que ha tenido el autoconsumo en Cataluña, con más de 100.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico sobre cubierta.

Críticas de los ecologistas

Por su parte, el coordinador del área de energía de 'Ecologistes en Acció' de Cataluña, Eloi Nolla, ha lamentado que Cataluña esté a la cola en energías renovables, con apenas un 15 % de electricidad con ese origen, la mitad que en comunidades como Aragón.

Nolla señala que los distintos ejecutivos autonómicos en los últimos treinta años han imposibilitado por su «mala gestión» que haya más fuentes de energía renovable en Cataluña, a lo que hay que sumar la falta de facilidades para los desarrolladores económicos y la oposición de grupos ambientalistas que, según él, «no se han dado cuenta que los perjuicios de las renovables son en cualquier caso menores que las soluciones que pueden aportar a largo plazo».

El representante de Ecologistes en Acció recuerda que Cataluña sigue sin poner en marcha nuevos parques de energía renovable mientras apremia la legislación europea a llegar a objetivos mínimos en años venideros.

«Si nosotros no lo hacemos, lo harán otros. Nos aplicarán el 155 energético. Y será peor», ha reflexionado.

Por otro lado, llama la atención sobre que el desarrollo de fuentes renovables debe ser «solidario» territorialmente y «justo», pues las pocas instalaciones catalanas se concentran principalmente en el sur, en las comarcas de Tarragona.

La eólica marina, un nuevo foco de conflicto

En este sentido, el proyecto para implantar un parque eólico marino en Roses (Girona) ha levantado ampollas en esa zona en esta última legislatura.

Aunque la eólica marina es competencia estatal, el departamento de Acción Climática de la Generalitat ha presentado un paquete de alegaciones a la propuesta de real decreto del Gobierno que regula la eólica marina en España para pedir que los criterios no económicos, como el impacto ambiental y socioeconómico de cada proyecto, pesen hasta un 50 % en la valoración global, frente al 30 % actual.