Madrid, 20 abr (EFE).- CCOO ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «engordar» el negocio de la educación privada en la región con 43,5 millones de dinero público, que es la cantidad que va a transvasar a los centros privados el próximo curso escolar a través de las becas para Bachillerato, y «debilitar intencionadamente» la enseñanza pública.
La Comunidad de Madrid aumentará en más de 12.000 los beneficiarios de sus becas de Bachillerato el próximo curso 2022-2023 -que pasarán de los 2.861 actuales a 15.130- y la cuantía de la ayuda que hasta ahora era de 3.000 euros también crecerá en la próxima convocatoria, al contar con un presupuesto global de 43,5 millones de euros.
«Si hay algo que se le da bien a la derecha cuando gobierna es utilizar el patrimonio y los fondos de toda la ciudadanía para favorecer a las empresas privadas, siempre a costa de debilitar y abandonar los servicios públicos», ha declarado la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, quien ha opinado que la Comunidad de Madrid es «el mejor ejemplo de esta política» y «la educación pública es la gran perjudicada».
Con el dinero que el Gobierno regional dedica a becas para estudios privados, se podrían construir en la Comunidad de Madrid cinco institutos de seiscientas plazas cada uno, según CCOO.
Para Galvín, la dotación de 43 millones de euros es «muy superior» a la que se destina en los presupuestos regionales de 2022 a inversiones de obra nueva o reposición en Educación Secundaria, y deja muy claro «el modelo de educación que defiende la Comunidad de Madrid: usa el sistema público de becas para reforzar el negocio educativo privado, y por el camino acabar con la igualdad de oportunidades”.
El sindicato ha resaltado que todo esto sucede mientras se reduce la oferta de plazas públicas en institutos, ya que la Consejería ha decidido cerrar unidades antes del comienzo del proceso de admisión.
CCOO también ha acusado a Ayuso de «confundir a las familias madrileñas» con «el truco de las becas» porque «la cuantía no garantiza la gratuidad de los estudios», por lo que las familias se verán obligadas a realizar pagos que se ahorrarían en los institutos públicos de Bachillerato, y porque las becas van a ir a parar a las familias «de mayor de renta».
«El Gobierno regional no atiende la demanda de educación pública en Madrid, vulnera el principio de libertad de elección si las familias eligen institutos públicos y promueve la competencia desleal desde la propia institución. Practica el dumping educativo», ha señalado Galvín, quien ha indicado que este tipo de política está pensada para atraer fondos de inversión al ‘mercado educativo’ madrileño, como está ocurriendo con la Formación Profesional.
Estas becas, cuya implantación comenzó en el curso 2019-2020, estaban pensadas para que el alumnado de centros concertados pudiera seguir cursando estudios en el mismo centro.
Por su parte, en un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la decisión de la Comunidad de Madrid de destinar 43,5 millones de euros a becas para cursar estudios no obligatorios de Bachillerato en centros privados y ha exigido una reunión urgente con el consejero de Educación, Enrique Ossorio, para aclarar este asunto.
Desde el punto de vista de CSIF, «la prioridad del Gobierno regional debe ser la educación pública y no la enseñanza concertada o privada, que, en todo caso, deberían ser complementarias a la primera».
