Madrid, 31 may (EFE).- El pleno de Cibeles ha aprobado este martes que el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Servicios Funerarios se personen en la causa contra la consultora Sinclair and Wilde como perjudicados de un presunto delito de estafa y con el fin de «recuperar el dinero pagado» en lo que se considera el «segundo caso de supuesta estafa» de material sanitario en la pandemia.
También se ha aprobado (con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido) entregar en el juzgado toda la documentación relativa a este suceso, incluyendo la relación con el intermediario y el Consistorio.
Aunque los partidos del Gobierno (PP y Cs) han votado a favor, la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, ha dicho que “no tiene fundamento” debatir esto en el pleno porque “ya estaba hecho”, ya que a finales de mayo el Ayuntamiento presentó un escrito para solicitar personarse en este segundo caso de supuesta estafa de material sanitario.
Sanz ha añadido que el Ayuntamiento “ya ha dado cumplida información al respecto de esta contratación”, y ha recordado que, como todas las demás transacciones por medio de la funeraria, las compras se hicieron con el apoyo unánime de todos los grupos del pleno, que conocían “las condiciones, lo precios y el número de mascarillas”, entre otros datos.
“Es sorprendente que vengan a hacerse los sorprendidos de operaciones que aprobaron conociendo todos esos datos”, ha recriminado Sanz a Más Madrid, para añadir que el propio Consistorio pidió a la Policía Municipal que investigara la situación, cuyos resultados se han aportado al juzgado.
LA OPOSICIÓN VE «NEGLIGENCIA» DEL AYUNTAMIENTO
Por su parte, Recupera Madrid ha votado a favor de la propuesta y ha acusado al Gobierno local de “negligencia y mirar para otro lado”, cuando encima “les estafaron personas muy sospechosas, en concreto un tipo que había estado en la cárcel en Francia”, por lo que aquello “apestaba por todos los lados”.
También por parte del PSOE han acusado al gobierno de PP y Cs de “incompetencia y falta de transparencia”, considerando que tienen “interés en tapar estas presunta estafas que tanto millones están constando a los madrileños”.
Desde Vox se han abstenido al considerar que “lo mejor que se puede hacer es dejar al juzgado tranquilo, sin presiones políticas y sin meter cizaña mes tras mes en el pleno”, según ha argumentado su concejal Pedro Fernández, que ha defendido que esa sería la mejor postura “para que el Ayuntamiento pueda recuperar el dinero que haya perdido”.
SEGUNDO CASO DE SUPUESTA ESTAFA DE MATERIAL SANITARIO
Este segundo caso de supuesta estafa de material sanitario ya fue archivado en julio de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 30, al no hallar rastro alguno del presunto estafador, Philippe Haim Solomon.
Sin embargo, a finales del pasado mes de abril trascendió que el tribunal estudiaba reabrirlo al haberse encontrado una nueva identidad de la persona responsable del presunto delito.
Los hechos se remontan al 24 de marzo de 2020, cuando fue aprobada la compra a un proveedor de Nueva York de 500.000 mascarillas FFP2, las cuales llegaron a Madrid «tras varias incidencias», y cuando ya estuvieron en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal (Peman) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas.
El director general de Emergencias y Protección Civil, Enrique López Ventura, envió el 4 de mayo de 2020 un escrito de denuncia dirigido al director general de la Policía Municipal para verificar si las mascarillas eran FPP2 y si los certificados aportados cumplían con los parámetros establecidos en un reglamento de la Unión Europea, texto que el propio López Ventura ha leído en otra pregunta de Más Madrid relacionada con el asunto.
Este medio millón de mascarillas se contrató por 2,5 millones de euros, y el Ayuntamiento, en una primera transferencia, pagó la mitad del importe, pero no hubo un segundo pago una vez que, ya en abril, los servicios jurídicos del Consistorio detectaron que faltaban las certificaciones de calidad reclamadas en varias ocasiones.
El Ayuntamiento reclamó la devolución del importe sin obtener respuesta.
La Policía Municipal inició entonces una investigación sobre el proveedor y el 5 de marzo de 2021 presentó ante los juzgados el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial del cuerpo.
