El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto con la delegada territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, y la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, se reunieron el pasado viernes con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cádiz – 5 de Abril en el Ayuntamiento
El objetivo del encuentro fue explicar los criterios de adjudicación de las 60 viviendas de la segunda fase de Matadero y repasar las acciones en materia de vivienda por parte del actual equipo de Gobierno y otras administraciones. El alcalde explicó que el anterior equipo de Gobierno aprobó el 28 de junio de 2018 la calificación de 60 viviendas protegidas en régimen especial en alquiler, tras el informe favorable municipal basado en la documentación presentada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Estas viviendas serán entregadas en régimen especial de alquiler, con precios que oscilarán entre 321 y 376 euros mensuales.
La selección de los destinatarios de las viviendas se realizará siguiendo los principios de igualdad, publicidad y concurrencia establecidos en la Ley 13/2005 y la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estas normativas regulan la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas, actualmente gestionados por la Junta de Andalucía. En febrero de 2022, el anterior equipo de Gobierno aprobó que esta promoción se acogería al Plan Vive, lo que obliga a mantener el régimen de alquiler o cesión del uso.
Durante la reunión, los representantes públicos informaron a la Federación de Vecinos sobre el estado de las distintas promociones de vivienda en las que se está trabajando. Todos los proyectos con financiación serán destinados a alquiler social, salvo el de García de Sola, que será de VPO en régimen de venta. Bruno García enfatizó que la vivienda es uno de los ejes prioritarios de su mandato y destacó la necesidad de una política diversa que involucre a la Junta de Andalucía, el Gobierno de la nación y la iniciativa privadas.
